La Jornada, 15 de diciembre de 2015
Otra vez, el fantasma de Ayotzinapa llegó a Washington. Otra vez, un grupo de ciudadanos se vieron obligados a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgar al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos.
Apenas la semana pasada, un grupo de padres de familia y sus abogados pidieron al organismo internacional que se responsabilice al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Esta petición se originó en hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero. Ese día, policías federales, estatales y municipales se movilizaron para desalojar una manifestación pública y pacífica de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. A mansalva, los uniformados asesinaron a dos estudiantes y detuvieron ilegalmente y torturaron a otro.
La denuncia ante la CIDH fue interpuesta por las familias de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ambos ejecutados, así como de la de Gerardo Torres Pérez, normalista ilegalmente detenido y torturado. Sus representantes ante el organismo internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Groac) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Según los demandantes, estos hechos ejemplifican algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos en México: la represión de la protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza, el empleo de la tortura como medio de investigación y la falta de esclarecimiento y sanción de violaciones graves a los derechos humanos.
La historia tiene cuatro años. El 12 de diciembre de 2011, los estudiantes de Ayotzinapa se movilizaron a Chilpancingo para exigir una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y demandarle el cumplimiento de los compromisos pactados con él en un encuentro previo. El mandatario no sólo había eludido hacer realidad los acuerdos a los que había llegado, sino que en varias ocasiones los había dejado plantados. Así es que, ante la inminencia de las vacaciones decembrinas, los normalistas decidieron presionarlo movilizándose.
Ayotzinapa llevaba tres meses en paro y se temía que fuera cerrada. Los alumnos rechazaron el nombramiento de un director de la escuela impuesto desde la Secretaría de Educación del estado, que carecía del perfil que define la ley. Los maestros más corruptos y desobligados de la normal rural respondieron al veto estudiantil suspendiendo labores en apoyo al director repudiado, y exigieron que se le reconociera...