La Jornada, 03 de enero de 2017
“Definitivamente, no nos quieren indios, nos prefieren muertos”, soltó Anabella Carlón Flores. Y añadió: México tiene sólo leyes bonitas, pero no se aplican.
Anabella es abogada de la tribu yaqui. Junto a su esposo, Isabel Lugo Molina, está al frente de la defensa legal de los habitantes de Loma de Bácum contra la construcción del gasoducto Aguaprieta por parte de la empresa Ienova Sempra Energy, que atraviesa el territorio de la tribu, entre los municipios de Guaymas y Cajeme, en el sur de Sonora.
El pasado 13 de diciembre los dos fueron secuestrados por un comando. Uno de los pistoleros les advirtió: ya párenle. A Anabella la arrojaron a un canal y la dejaron en libertad ese mismo día. Pero a Isabel lo retuvieron y golpearon durante siete días. Quedó muy lastimado.
Según Anabella, la búsqueda de su marido se agilizó desde que se tuvo contacto directo con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Perseguidos, con las puertas legales cerradas, la abogada amagó con la posibilidad de que el pueblo yaqui de Loma de Bácum solicite asilo político a otro país, toda vez que el gobierno mexicano no brinda las condiciones de seguridad, ni las garantías de sobrevivencia que han pedido desde que se inició el conflicto por el paso del gasoducto.
La historia de Anabella e Isabel dista de ser una rareza. Por el contrario, forma parte de un patrón de conducta extendido en todo el país. Decenas de dirigentes indígenas que resisten al despojo de los territorios y recursos naturales de sus pueblos por parte de empresas han sido amenazados, hostigados y asesinados.
El Informe anual: Los caminos de la resistencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentado hace unos días en Chiapas, documenta fehacientemente cómo la industria minera extractiva y los megaproyectos en marcha despojan territorialmente a las comunidades en esa entidad. Son una invasión destructiva por parte de las empresas y del gobierno contra los pueblos originarios de la entidad, que viven bajo constante amenaza.
Este expolio tiene en el racismo y la discriminación una de sus más poderosas envolturas ideológicas. A finales de noviembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a la activista de derechos humanos María Rosalinda Guadalajara, de 28 años y gobernadora tarahumara en la ciudad, le impidieron entrar al Club Kentucky, que presume de ser el lugar en el que se inventó el coctel Margarita. El establecimiento pretextó primero que la indígena traía huaraches y podía sufrir un resbalón, y después que no podía pedir dinero adentro.
No es el único lugar donde esto sucede en Juárez. En almacenes como Soriana y Walmart prohíben el ingreso de rarámuris, con el pretexto de que limosnean o roban...