La Jornada, 11 de julio de 2017
Malinaltepec (pueblo de candeleros) es conocido como uno de los municipios de la Montaña de Guerrero con mayor desigualdad social. Sus pobladores carecen de alimentos suficientes, buena salud, vivienda digna y servicios públicos adecuados. Ahora se sabrá de él también por ser uno de los epicentros de la lucha indígena nacional contra la minería.
Una de sus comunidades indígenas, la de San Miguel del Progreso (Júba Wajíin), acaba de obtener un triunfo muy importante, tanto en la defensa de su territorio ancestral, como en la batalla por evidenciar la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley minera, y su utilización como el principal instrumento para legalizar el despojo y saqueo de los territorios indígenas.
La historia viene de atrás. Sin el consentimiento de las comunidades que viven en la Montaña y la Costa Chica, el gobierno federal otorgó a empresas mineras, 44 concesiones. Sin embargo, 17 comunidades agrarias de la región acordaron no dar su anuencia a la realización de actividades de exploración y explotación minera, formalizando su decisión en actas de asambleas agrarias o por usos y costumbres.
Una de las beneficiarias, la empresa inglesa Hochschild Mining, bautizó su proyecto minero en la región con el truculento nombre de El corazón de las tinieblas, el mismo de la célebre novela de Joseph Conrad, en la que traza el retrato del colonialismo belga en África. Sin embargo, los empresarios no tuvieron tiempo para disfrutar su negocio. La lucha de la comunidad de Júba Wajíin obligó a las autoridades mexicanas a cancelar esas concesiones entre julio y septiembre de 2015. Se evitó así que la ley minera fuera cuestionada más a fondo. Con ello se abrió la puerta a que cualquier compañía interesada pudiera solicitar concesiones sobre los lotes cancelados, poniendo en peligro el territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso.
Júba Wajíin, contratacó legalmente. Y logró un amparo para que la Secretaría de Economía dejara sin efectos una declaratoria de libertad de terrenos que permitía a cualquier empresa solicitar concesiones mineras en el territorio de la comunidad. De paso, se ordenó a la autoridad que en este tipo de procedimiento debe consultar previamente a la comunidad. Es el segundo amparo que San Miguel del Progreso gana en los tribunales federales.
Como explica el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se trata de un triunfo inédito, ya que, por primera ocasión, se ordena judicialmente a la secretaría dejar insubsistente una declaratoria de libertad de terrenos por violentar derechos colectivos de los pueblos indígenas...