La Jornada, 31 de octubre de 2017
La justicia no llega a Nochixtlán. Infamia sobre infamia, la institución que debería defender los derechos humanos de las víctimas, ayudar a esclarecer las salvajes agresiones contra la población civil perpetradas por policías durante el operativo del 19 de junio de 2016 y señalar a los responsables, se dedica ahora a responsabilizar a los damnificados y a exculpar a las autoridades responsables.
No es exageración. Eso es lo que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 7VG/2017, dada a conocer el 17 de octubre. Se trata, ni más ni menos, de un informe parcial y sesgado, que defiende a parte de los responsables de la agresión y revictimiza a quienes sufrieron la represión policial en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, la colonia Hacienda Blanca de San Pablo Etla y la agencia municipal de Viguera, en la ciudad de Oaxaca.
Ha transcurrido más de un año y cuatro meses de ese trágico 19 de junio, en el que distintas policías ultimaron a siete habitantes (otro más murió al explotarle cohetones que estaba manipulando), hirieron de bala a más de 100 y dañaron física y emocionalmente a más de 400, entre ellos, muchos niños. Y, a pesar de todo el tiempo transcurrido, la CNDH emitió una indagatoria que se asemeja más a una averiguación previa elaborada por algún Ministerio Público que a una relatoría escrita por una instancia defensora de derechos humanos. En la recomendación sobre Nochixtlán, el organismo se erige, impropiamente, en entidad procuradora de justicia que investiga delitos.
No es casualidad. El responsable del documento es el visitador segundo Enrique Guadarrama López, quien en su currículum destaca haber desempeñado diversos cargos en la Procuraduría General de la República. Estos antecedentes son evidentes en la relatoría que incorporó a la recomendación.
Tampoco es novedad. Este sesgo de Ministerio Público resultó evidente desde las primeras semanas posteriores al ataque policial de Nochixtlán, cuando diferentes víctimas se quejaron ante instancias civiles de derechos humanos del interrogatorio insensible, despótico y revictimizador llevado a cabo por funcionarios de la CNDH, encabezados precisamente por el visitador Guadarrama López.
Los diferentes considerandos de la Recomendación 7VG/2017 criminalizan a la población civil que se defendió de la agresión de las fuerzas policiacas. En un juego de palabras inadmisible, el documento califica de enfrentamiento lo que fue una respuesta defensiva de poblaciones no beligerantes injustificadamente agredidas por cuerpos policiales que actuaron sin respetar sus protocolos...