La Jornada, 28 de noviembre de 2017
En pleno velorio de Silvestre de la Toba, su primo le gritó visiblemente ofendido a los periodistas que entrevistaban al mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis: Llévenselo, llévenselo donde no esté la familia, donde no haya dolor. Entrevístenlo en la calle, donde debe estar el gobernador. El finado Silvestre era el ombudsman de la entidad y fue asesinado por gatilleros junto a su hijo el pasado 20 de noviembre.
Indignado, el primo del difunto increpó en voz alta al mandatario estatal y a los reporteros: “Ustedes todos están chayoteados, por eso están aquí, por eso lo están entrevistando, por eso le están haciendo alarde, le están haciendo fiesta”. Y remató: Yo le creí, señor gobernador. Yo le creí que usted tenía la forma de resolver este problema, pero no lo está haciendo.
Silvestre de la Toba y su hijo Fernando fueron ejecutados a balazos por un grupo armado que disparó contra el vehículo en el que viajaban con el resto de su familia. Sin hacerlo público, el ombusdman había informado a unas cuantas autoridades locales el papel que juegan en la entidad los centros de atención de adictos como parte de la infraestructura del crimen organizado.
Hasta ahora han sido asesinados multitud de líderes sociales, activistas de derechos humanos, periodistas, mujeres y ciudadanos da a pie, pero Silvestre es el primer ombudsman ultimado en el país.
Otros han sido amenazados en diversos estados. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, nombró a algunos: el de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno; de Tamaulipas, José Martín García, y la de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez.
Sin embargo, la lista, como lo documentó La Jornada del pasado 26 de noviembre, es mucho más larga (https://goo.gl/VeqZTf). También han sido agredidos o intimidados ombudsman o visitadores en Oaxaca, Baja California, Sonora, Chihuahua, Quintana Roo, Zacatecas y Jalisco. Es decir, la embestida en su contra se ha realizado en más de la tercera parte de las entidades del país. A algunos les han secuestrado hijos, a otros les han enviado a sus oficinas vísceras humanas o coronas fúnebres y a varios más se les ha amenazado de muerte directamente.
El gobierno no parece hacer mucho para defender a los integrantes de las comisiones estatales de derechos humanos (CEDH) víctimas de agresión y amenazas. Colocados entre el fuego y la pared, comprensiblemente preocupados por no abrir flancos de confrontación adicionales a los que en ocasiones tienen con los gobiernos locales, algunos ombusdman en los estados han sido cautelosos y diplomáticos al señalar la indefensión en la que se encuentran. No quieren ser mártires...