La Jornada, 16 de enero de 2018
A Marco Antonio Suástegui Muñoz lo detuvieron policías estatales con lujo de violencia. Lo llevaron a un cerro cercano a la comunidad de La Concepción, en Cacahuatepec, con la cabeza tapada con una playera, y lo reventaron a golpes. Como si se le hubiera sentenciado a recibir un castigo medieval, lo apalearon con una vara de moringa y le advirtieron: Ahora sí te vas a chingar, te vamos a empapelar. Le exigieron que disparara un arma de fuego, hasta que quedó inconsciente.
Marco Antonio Suástegui es vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop). Apenas unos días antes de que la policía lo aprehendiera y torturara, la comunidad descubrió a dos pistoleros contratados para asesinarlo. La Policía Comunitaria del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que opera en la región, amparada en Ley 701, los descubrió y apresó.
Uno de los esbirros tenía múltiples nombres e identidades, todas falsas. Los comunitarios le encontraron credenciales con los nombres de Alejandro Liborio, Guillermo Marín e Iván Soriano, que lo acreditaban como soldado, como presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y como abogado (https://goo.gl/6ktiUx). Llevaba también un arma.
Para cometer el crimen, los matones fueron contratados por Mauro Gallegos Salgado, comisario del poblado Parotilla, y por Antonio Morales Marcos (segundo comisario de La Concepción). Este último le mostró a Alejandro/Guillermo/Iván varios puntos para emboscar a Marco Antonio. Los gatilleros no tuvieron suerte porque Suástegui siempre iba acompañado de policías comunitarios.
El matón a sueldo fue descubierto por los comunitarios y detenido. La misma suerte corrió su socio Alejandro Moctezuma Trujillo. Otros tres cómplices huyeron. Sin embargo, no pasaron mucho tiempo presos. En un operativo desproporcionado y letal, más de 200 policías estatales, federales y soldados, respaldados por un helicóptero, los liberaron el 7 de enero pasado, al tiempo que apresaban, golpeaban y torturaban a Marco Antonio y a otros 38 campesinos y ejecutaban extrajudicialmente a tres comunitarios. Encarreradas, las fuerzas de seguridad agredieron a los periodistas. Los maltrataron, les quitaron su equipo, dañaron un auto, impidieron que tomaran fotos y les bloquearon el acceso fuera de la zona de conflicto. El fotógrafo Bernardino Hernández se llevó una golpiza.
Desde que en 2003 comenzó la resistencia a La Parota, las autoridades gubernamentales organizaron y financiaron grupos en favor del proyecto ligados al PRI, algunos armados...