La Jornada, 13 de febrero de 2018
El sexenio que termina ha sido fatal para los maestros de enseñanza básica del sistema de educación pública. En nombre de la reforma educativa, han sido vilipendiados y humillados por grandes empresarios y funcionarios; sus salarios y prestaciones no han tenido incrementos sustanciales; perdieron conquistas laborales históricas; su trabajo se desprofesionalizó de la mano de la precariedad y la inestabilidad; recibieron programas de capacitación patito; sus cargas de trabajo aumentaron, y muchos han optado por jubilarse adelantadamente.
La campaña de estigmatización contra el magisterio promovida por la organización empresarial Mexicanos Primero, intensificada a partir de la proyección en 2011 del panfleto fílmico ¡De panzazo!, no ha cesado. Pocos sectores sociales han sufrido una arremetida tan virulenta y cínica desde el poder. Políticos, hombres de empresa y sus plumas los han calumniado a mansalva. No les perdonan la digna defensa que hacen de la educación pública y de su profesión.
Hace más de cuatro años se aprobó la reforma educativa. Desde entonces, los salarios y prestaciones docentes no han tenido incrementos significativos. Como demostró Laura Poy, el aumento anual directo al salario durante este sexenio se ha mantenido por debajo de 4 por ciento. Y el incremento a sus prestaciones no supera dos puntos porcentuales (https://goo.gl/YgpaJS). Lejos de recuperarse, el salario magisterial muestra una tendencia a la baja.
La reforma educativa modificó el sistema de estímulos, recompensas e incentivos, atándolos en su mayoría a la evaluación del desempeño. El escalafón fue prácticamente abrogado y carrera magisterial (en el que participan alrededor de medio millón de maestros) fue congelado.
Lo que se les quitó con una mano no se les compensó con la otra. A pesar de las grandielocuentes declaraciones de los funcionarios, sólo se evaluó una parte del millón 200 mil trabajadores de la enseñanza: no más de 334 mil profesores, de acuerdo con la vorágine de cifras (algunas contradictorias) que ofrecen las autoridades sobre el número de maestros evaluados en los tres ciclos. La combinación de protestas, deserciones, suspensión del proceso, sismos, improvisación e incapacidad administrativa de los funcionarios descarrilaron en los hechos la evaluación del
desempeño y concentraron los incentivos económicos asociados a ella en una pequeña porción de los docentes.
Simultáneamente, como ha señalado Lev M. Velázquez, mientras más se discutía nacionalmente la evaluación educativa, más reducía la SEP la nómina magisterial. Según el investigador Alberto Arnaut, cerca de 200 mil maestros se jubilaron anticipadamente. Tan sólo en la antesala de la primera evaluación, intimidados por una evaluación del desempeño que no distingue experiencia, antigüedad, edad ni condiciones socioeconómicas de los alumnos, el retiro anticipado de mentores creció 60.6 por ciento (https://goo.gl/afxKzC)...