La Jornada, 27 de marzo de 2018
Dice una máxima priísta que la carrera política (sea en la administración pública o en los puestos de elección popular) es como la rueda de la fortuna. A veces se está arriba, a veces abajo, pero lo importante es estar siempre trepado.
Carlos Santiago Carrasco es fiel a esta máxima. Ha servido a diversos gobiernos de distinto signo en Oaxaca. Hoy es el delegado de la Secretaría de Gobernación en ese estado. En el sexenio anterior, cuando Gabino Cué estaba al frente de la entidad, fue titular de la Secretaría General de Gobierno. Con Ulises Ruiz se desempeñó como subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político.
A lo largo de su larga carrera en la administración pública, el licenciado Santiago Carrasco ha participado activamente en la represión a movimientos populares. Junto a Gabino Cué y a Jorge Ruiz, entonces secretario de Seguridad Pública local y primo de Ulises Ruiz, decidió que las policías incursionaran violentamente en Nochixtlán el 19 de junio de 2016. El saldo fue trágico: ultimaron a siete habitantes (otro más murió al explotarle cohetones que estaba manipulando), hirieron de bala a más de 100 y dañaron física y emocionalmente a más de 400, entre ellos, muchos niños.
Sabía lo que hacía en Nochixtlán. Como subsecretario de Gobierno y delegado durante la administración Ulises Ruiz, fue parte de la salvaje violencia gubernamental en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006 y 2007. El resultado final de esa acción fue sangriento: más de 30 personas muertas, 311 detenidas arbitrariamente, 248 torturadas y por lo menos dos desapariciones forzadas.
La numeralia de este horror está bien documentada. El informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007, que publicó la Comisión de la Verdad (creada por el Congreso del estado) el 3 de mayo de 2016, concluyó que: el Estado violó de manera masiva y sistemática múltiples derechos humanos. Entre ellos están: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica.
Curiosa ironía. A pesar de que Carlos Santiago había sido parte importante del gobierno de Ulises Ruiz, que violentó bestialmente los derechos humanos, fue designado en un puesto clave durante la administración de Gabino Cué, y desde allí volvió a violar las garantías individuales en Nochixtlán. Y, ahora, en lugar de ser sancionado por esa conducta, el gobierno federal lo designó para estar al frente en un puesto clave de la gobernabilidad oaxaqueña...