La Jornada, 18 de septiembre de 2018
Suenan ya los primeros acordes del réquiem para pedir por el alma de la reforma educativa. Inconsolables, acompañando al coro, los viudos y huérfanos de la ley lanzan anatemas a los sepultureros en el Poder Legislativo que se aprestan a echar las primeras paletadas de tierra sobre el ataúd y maldiciones a los cientos de miles de maestros que resistieron su aplicación.
Los primeros escarceos para abrogar la reforma educativa en el Legislativo comenzaron en la Cámara de Diputados el 11 de septiembre, con un exhorto al secretario de Educación y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para suspender la evaluación al desempeño docente programada del 3 al 25 de noviembre próximos. Tomando la tribuna al grito de “¡Va a caer, va a caer… la reforma educativa va a caer!”, la nueva mayoría mandó un mensaje inequívoco sobre el futuro de la norma.
Dos días después, el Senado aprobó un punto de acuerdo en la misma dirección. El pleno demandó la suspensión mientras no se replantee una reforma en la que se incluya a todos los sectores involucrados y se culmine una propuesta alternativa que se trabaja con expertos y padres de familia.
Con la insensibilidad que caracteriza a las autoridades educativas en turno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en un comunicado que todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido. El INEE rechazó también el exhorto, con el argumento de que está sujeto a un mandato constitucional y legal.
Ciertamente, un exhorto legislativo es como una llamada a misa. No obliga a nadie a acatarlo. También es verdad que entre parte de los nuevos legisladores hay una disputa por ver quién capitaliza políticamente la lucha contra la reforma educativa, y que eso provoca protagonismos y desplantes innecesarios y hasta contraproducentes. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, el exhorto buscaba desactivar un conflicto real. Miles de maestros que han sido convocados a evaluarse en noviembre no van a permitir que se les examine. Más aún: es probable que saboteen activamente el examen. No es una baladronada. Si no asistieron a evaluaciones pasadas a pesar de la represión y los despidos de que fueron objeto, menos van a ir ahora que el gobierno de Enrique Peña Nieto va de salida. La negativa de la SEP y del INEE a aceptar la sugerencia legislativa es un indicador de su intención de provocar problemas.
El mismo 13 de septiembre, el senador Martí Batres Guadarrama presentó un proyecto de reforma para modificar la fracción tercera del artículo tercero constitucional y desvincular la evaluación a la permanencia en el servicio profesional docente. No obstante haber anunciado que también impulsaría la derogación de la fracción novena del tercero constitucional (desapareciendo el INEE), finalmente bajó la propuesta...