La Jornada, 02 de octubre de 2018
Existe un divorcio entre el Ejército y una enorme porción de la sociedad mexicana. El papel que las fuerzas armadas desempeñaron en la represión al movimiento estudiantil y en la matanza del 2 de octubre de 1968 les valió el repudio ciudadano. Su participación en la guerra sucia de la década posterior a Tlatelolco profundizó la animadversión en su contra.
La ruptura no era nueva. El descontento hacia la milicia estaba alimentado por su responsabilidad en la represión sistemática a los movimientos populares. Aunque cumplieran órdenes dadas por civiles, fueron soldados de línea quienes asesinaron en Xochicalco al líder campesino Rubén Jaramillo, a su esposa y a sus hijos. Fueron militares quienes rompieron la huelga ferrocarrilera de 1959 y detuvieron a 800 trabajadores y a sus líderes. Fue el Ejército el que, en 1960, aplastó violentamente la protesta popular contra el gobernador de Guerrero, Raúl Caballero Aburto.
Lejos de cicatrizar con el paso de los años, la herida abierta en 68 se ha hecho mayor. La activa intervención de las fuerzas armadas en tareas de contrainsurgencia en Chiapas y Guerrero arrojó una larga lista de graves violaciones a los derechos humanos y la promoción de grupos paramilitares. Su participación en funciones de policía en la guerra contra el narcotráfico escaló la animadversión ciudadana. Su actuación durante la noche de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron desaparecidos 43jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya hicieron aún mayor la desconfianza popular hacia la institución castrense.
No es asunto subjetivo. Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de civiles por las fuerzas armadas han aumentado en la década reciente. Entre 2007 y 2017 se presentaron 10 mil 764 denuncias contra militares y 2 mil 790 contra marinos. Lo mismo ha sucedido con el número de recomendaciones emitidas por la CNDH debido a violaciones a las garantías fundamentales: 166, de las cuales 126 son contra la Sedena y 40 contra la Semar.
Estas cifras son apenas una pequeña muestra del grado de descontento contra la tropa. En muchas ciudades, pueblos y comunidades de todo el país circulan multitud de testimonios de abusos de militares contra la población civil que no se denuncian por miedo o porque se piensa que es inútil hacerlo. La memoria de las atrocidades cometidas contra la población civil durante la guerra sucia está viva en familiares y vecinos.
Las violaciones a las garantías fundamentales en que han incurrido soldados y marinos, que han sido acreditadas en todas estas recomendaciones por la CNDH, son desaparición forzada, ejecución extrajudicial (vulneración del derecho a la vida), detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, contra la integridad y la seguridad personal, contra la libertad, agresiones sexuales y no presentar de inmediato a los detenidos ante el Ministerio Público...