La Jornada, 23 de julio de 2019
El sexenio de Enrique Peña Nieto se caracterizó por la violación generalizada de los derechos humanos.
Una cascada de agresiones del Estado contra individuos, organizaciones sociales y pueblos originarios se sucedieron imparables. El memorial de agravios de ese periodo tiene el tamaño del directorio telefónico.
Va desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa hasta la masacre de Nochixtlán, pasando por el asesinato de periodistas y maestros opositores a la reforma educativa, la militarización de las evaluaciones magisteriales y la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes.
Muy lejos de constituirse en un valladar para frenar esas violaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Raúl González Pérez, dio paso libre a las agresiones de funcionarios y agentes estatales. No en todos los casos, pero sí en momentos claves, el presidente del organismo asumió una actitud omisa y complaciente hacia el poder, desde que tomó posesión del cargo en noviembre de 2014.
No hay sorpresa en ello. Así lo han hecho, a lo largo de sus 27 años de vida, la mayoría de quienes han encabezado la institución. González Pérez fue parte del grupo más cercano del cuestionado José Luis Soberanes, a quien la picardía popular bautizó como José Luis Sumisiones, por su obsecuencia hacia los poderosos cuando estuvo al frente de la CNDH. De la misma manera, fue tal la docilidad de Raúl Plascencia, antecesor del actual ómbudsman, que el Senado le negó repetir un segundo periodo.
La lista de las violaciones a los derechos humanos en las que el ómbudsman González Pérez ha sido omiso, cuando no abiertamente cómplice del poder, es kilométrica.
A pesar de la gravedad y simbolismo del caso Ayotzinapa, la CNDH presentó su recomendación del caso (la 15VG/2018), faltando escasas 72 horas para que Enrique Peña Nieto dejara la Presidencia. Lo hizo en un acto al que no se invitó a los familiares de los estudiantes desaparecidos. Según expresaron los padres de las víctimas, el informe del organismo fue producto del cálculo político más que una respuesta a la exigencia de verdad.
En los hechos, la posición de la CNDH avaló la famosa verdad histórica, de acuerdo con la cual los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Las barbaridades del informe son de tal magnitud, que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tuvo que enmendarle la plana.
“Lamentablemente –dijo el cuerpo de peritos independientes– el EAAF discrepa profundamente con una parte importante de las formulaciones del ámbito forense contenidas en la Recomendación 15VG/2018”. Según los expertos, la CNDH incurre en graves omisiones, especulaciones, sesgos y simplemente errores al considerar y citar el informe realizado por el EAAF. Asimismo, discrepa con una parte importante de las conclusiones de la citada recomendación de la CNDH en varios puntos...