La Jornada, 06 de agosto de 2019
Año tras año, desde el 6 de junio de 1994, fecha de su nacimiento, Tlachinollan ha tomado la radiografía de los derechos humanos en la Montaña de Guerrero y en el estado, con la precisión de un especialista.
Explorar los 25 informes anuales que ha elaborado desde entonces (más de 6 mil 250 cuartillas) es como sumergirse en el voluminoso expediente de un enfermo terminal que, sorprendentemente, encuentra inspiración y fuerzas para enfrentar su mal.
La Montaña de Guerrero es una región de pésimos caminos mal comunicados, a la que es difícil llegar desde otros lugares de la entidad. En la mejor tradición del colonialismo interno, se construyó una magnífica vía rápida entre la Ciudad de México y Acapulco, emblema turístico del alemanismo, pero el resto de la red de caminos (salvo contadas excepciones) es precario y deficiente. Muchos se hicieron para sacar la madera, el café o la jamaica, pero no para comunicar a sus habitantes. A pesar de ello y de que su sede está en Tlapa, el centro de derechos humanos ha extendido su labor a casi todo el estado.
Guerrero ha vivido desde la década de los 60 del siglo pasado, luchas cíclicas por los derechos cívicos y contra el caciquismo y grandes movilizaciones gremiales (por la copra, el café o la madera) o magisteriales, universitarias y estudiantiles, a las que los gobiernos en turno han respondido, invariablemente, con una fuerte represión. La respuesta popular a la violencia gubernamental ha sido, en distintos momentos, la formación de grupos armados. Con nombres y rostros distintos, la guerra sucia y una especie de Estado de excepción permanente se han instalado en la entidad desde hace casi 60 años.
Como lo muestra el asesinato de 10 integrantes del Concejo Indígena Popular-Emiliano Zapata (CIPO-EZ) en los últimos cinco meses, esta guerra sucia sigue.
Los 25 informes de Tlachinollan muestran la compleja dialéctica existente entre los procesos de autoorganización popular en el estado (en la Montaña y Costa Chica preponderantemente a cargo de pueblos originarios y afrodescendientes) y la represión gubernamental. La violencia oficial ha logrado contener, fracturar y (en algunos casos) extinguir la lucha, pero no ha podido arrancar de raíz la resistencia.
Guerrero es una entidad militarizada, sobre todo en las regiones de Montaña y Costa Chica. El Ejército ha sido responsable allí de varias masacres, desapariciones, torturas, intimidaciones, detenciones arbitrarias y violación de mujeres. De la mano de los soldados, como parte de una guerra de contrainsurgencia, las instituciones de salud esterilizaron a hombres de comunidades en lucha...