La Jornada, 19 de noviembre de 2019
No podemos andar libres en las calles. Nos golpean, nos pegan, nos humillan, nos discriminan, nos masacran, expresa una indígena humilde, de largas trenzas y sombrero, de Achacachi, que pertenece a la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, de Bolivia. ¿Acaso no somos personas como ellos?, pregunta, y se responde: ¡Malditos! ¡Nunca nos vamos a dejar como originarios campesinos!
El dolor es grande. El agravio está a flor de piel. Lo explica otra indígena aymara: Estamos emputados. Pisotean nuestras polleras, queman nuestra whipala. La whipala no se puede quemar así nomás… Estamos humilladas las mujeres. No vamos a permitir. ¡Nunca más tenemos que sufrir esta discriminación! ¡Nunca más nos vamos a dejar!
Esas mujeres forman parte de un impresionante e imparable torrente humano que arrancó en El Alto para desembocar en la capital de Bolivia. Su organización, la Bartolina Sisa, se llama así en honor a la aguerrida heroína aymara del siglo XVIII que luchó junto con su compañero Tupac Katari, levantando campamentos contra los colonizadores españoles, para cercar La Paz. Emulando esa epopeya, apenas el pasado 11 de noviembre, la Federación llamó a sus afiliadas a bloquear, desde sus provincias, los caminos y a no permitir el ingreso de alimentos de manera indefinida.
Entre las ciudades de El Alto y La Paz hay una distancia de más de 21 kilómetros. Para trasladarse en automóvil de un punto a otro se necesitan, por lo menos, 45 minutos. A pie se requieren por lo menos cuatro horas. Durante todas estas de protestas, los alteños recorren esa ruta de ida y vuelta.
El río humano que cada día invade esa carretera está integrado por campesinos, pequeños comerciantes, maestros y estudiantes. Están con ellos los ponchos rojos, la ancestral milicia aymara, que anuncia en las marchas: ¡Ahora sí, guerra civil! No son pocas las mujeres que cargan en la espalda a sus pequeños hijos. Demuestran que en La Paz no hay paz.
Pero lo que sucede en ese punto de la geografía boliviana no es exclusivo de allí. El tránsito de personas y mercancías están interrumpidos en puntos claves del territorio. Masivos retenes han estrangulado las vías de comunicación de Chapare a Cochamba, de Chapare a Santa Cruz y de
Yapacaní a Santa Cruz. Los centros de abastecimiento de combustibles están clausurados, incluso para los militares. En diversas ciudades se han instaurado cabildos.
Las ondas expansivas de la indignación popular no parecen detenerse con el paso de los días. El ejército, la policía y las bandas paramilitares pretenden frenarlas a sangre y fuego. Disparan contra multitudes pacíficas y desarmadas. Según la Defensoría del Pueblo, han asesinado a 24 personas. Para evitar deserciones, el gobierno de la autoproclamada presidenta interina, la rubia de bote Jeanine Áñez, que pretende gobernar con la Biblia en la mano, emitió el decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a los soldados que formen parte delos operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública...