La Jornada, 11 de febrero de 2020
El chirrido de los frenos de emergencia del Tren Maya prendieron las luces de alarma de los inversionistas. Comunidades de Campeche apretaron el botón legal para detener la locomotora gubernamental. Y el Poder Judicial de la Federación les otorgó una suspensión provisional para la ejecución del proyecto.
La solicitud de protección de la justicia fue presentada el pasado 6 de enero. En ella, el pueblo maya peninsular y ch’ol, asentado en Xpujil, cabecera del municipio de Calakmul, evidencia “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.
El amparo –denuncian los quejosos– parte de que, el proceso de consulta, se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 de la OIT, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La consulta organizada por el gobierno federal no cumplió con el carácter de informada ni previa, “pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación, toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”.
En lugar de tomar la opinión a todo el pueblo, el Fonatur y el INPI se concentraron en consultar a los representantes ejidales y municipales. La consulta ni se realizó de buena fe ni fue culturalmente adecuada.
La solicitud de amparo fue presentada por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx). El Consejo se fundó en 1995 con más de 3 mil jefes de familia, indígenas y mestizos. Sus integrantes se toparon, de inmediato, con el monopolio de la representación agraria y social de los comisariados ejidales. Al igual que muchos otros movimientos sociales en el campo mexicano, para contar con una figura jurídica capaz de recibir fondos y tener interlocución política, se constituyeron en asociación civil (AC). Desplazaron al progubernamental Consejo de Zoh Laguna, que durante años mantuvo el control político en la zona.
Los promotores del Cripx provenían de la experiencia de la teología de la liberación y las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). En su formación desempeñó un papel clave el párroco de Candelaria, José Martín del Campo, quien se trasladó entre 1983 y 1984 a Xpujil con algunos varones, a los que después los alcanzaron sus familias...