La Jornada, 23 de marzo de 2021
La disputa por el control de la industria eléctrica escala cada día. Lo que el gobierno federal anuncia como acción para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los grupos empresariales lo presentan como una ofensiva contra las energías limpias y la libre competencia.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que modifica el esquema de generación y aprovechamiento del fluido, presentada por Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor este 10 de marzo. Sesenta y dos por ciento de los diputados votaron en favor y 37 por ciento en contra. En el Senado, 58 por ciento la apoyaron y 42 por ciento la rechazaron.
De inmediato, el conflicto escaló a niveles inusitados y se convirtió en un choque de poderes. Esgrimiendo argumentos similares a los que han sostenido desde 1998 (https://bit.ly/3f0YprO), los empresarios pasaron a la ofensiva y presentaron más de 40 juicios de amparo. Con una rapidez inusual, los jueces otorgaron suspensiones provisionales y hasta definitivas.
El Presidente cuestionó la actuación del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro y envió una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señala: “Le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”. Simultáneamente, amagó con una reforma constitucional en la materia, en caso de que las modificaciones a la ley naufraguen en un mar de amparos.
Pese a la enardecida respuesta empresarial, la nueva legislación eléctrica está lejos de la norma aprobada en 1960 por Adolfo López Mateos, quebrada por la regresiva reforma constitucional energética de diciembre de 2013. Aunque acotados parcialmente por la nueva legislación, persisten muchos elementos del marco legal que despojan, en favor de intereses privados, los derechos históricos de la nación sobre el patrimonio energético de los mexicanos.
La reforma modifica el orden de prelación para el despacho de energía eléctrica. Establece, en primer lugar, el uso de la generada en hidroeléctricas. En segundo término, el de las demás centrales de la CFE. En tercero, la energía eólica y solar producida por los particulares, con grandes subsidios no transparentes. Finalmente, establece el uso de las centrales de ciclo combinado de propiedad privada.
Considerando que la energía eléctrica no es una mercancía más que se pueda comprar en cualquier parte, sino un bien estratégico necesario para el desarrollo independiente, el nuevo marco legal modifica la obligación de la CFE de adquirir electricidad a partir de subastas, que, teóricamente, permiten escoger el precio más barato. A partir de ahora, la CFE podrá obtener el fluido eléctrico de acuerdo con las prioridades señaladas, sin subasta de por medio...