La jornada, 17 de junio de 2003
Los viejos lobos de mar naufragaron en las aguas de la tormenta electoral. Los dirigentes campesinos corporativos, maestros en el arte de convertir el presupuesto público en voto verde, recibieron una sopa de su propio chocolate. Al convertir el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) en instrumento para promover el sufragio en favor del PAN, el gobierno del cambio les recetó sin miramientos la misma medicina que ellos prescribían cuando estaban en el poder.
Samuel Aguilar, secretario ejecutivo del CEN del PRI; Hugo Andrés Araujo, presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo Político Nacional; y Guadalupe Martínez, dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), denunciaron que Vicente Fox fue a Sonora a publicitar el programa de "quitas a la cartera vencida" como si se tratara de un logro de su gobierno y no de uno de los acuerdos logrados en las mesas de negociación.
Días antes, el dirigente en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP), Max Correa, había afirmado que el anuncio presidencial hecho en Sonora sobre las carteras vencidas en el agro "es desafortunado y electorero, porque se hace sin que se hayan consensuado las reglas de operación con las organizaciones y en una entidad donde habrá elecciones locales."
Pero los problemas con el ANC no se limitan a la utilización electoral. Según los dirigentes campesinos del PRI: "A mes y medio de haberse firmado el ANC, en este momento en absolutamente ninguno de los puntos centrales que contiene ha aterrizado en las comunidades, en los ejidos ni con los productores rurales". Y, según Correa, la situación es muy delicada, pues "estamos en un momento crítico; si el gobierno no da una señal de que asumirá los compromisos suscritos, revisaremos nuestra participación".
Los puntos que provocan la discordia entre líderes y funcionarios son múltiples, pero uno es central: las reglas de operación de los programas del campo no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación. O sea, oficialmente esos programas no existen. Quienes querían usarlos como logros que mostrarían en sus campañas electorales se han quedado con las manos vacías. Quienes esperaban resolver los problemas de sus agremiados no han podido hacerlo; lo único que pueden ofrecerles por ahora son papeles. Y para colmo de males, el tiempo avanza y si los recursos aprobados no se ejercen dentro de los plazos presupuestales establecidos, se perderán.
Por si fuera poco, el dinero de muchos programas agropecuarios ya aprobados no está llegando a los beneficiarios directos. No son pocos los líderes agrarios que sospechan que se trata de una maniobra gubernamental que buscaría entregar esos recursos días antes de las elecciones.
Además, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) ha presentado como avances en el cumplimiento del ANC acciones que no son tales. Es el caso de la culminación de un nuevo padrón de productores de café, elaborado desde mucho antes de que se firmara el acuerdo. Asimismo, y sólo como un ejemplo entre otros, se encuentra el anuncio de la Sagarpa en el que informa que los productores de café tienen garantizado un ingreso objetivo, cuando no ha sucedido así: en el ciclo pasado los cafeticultores obtuvieron recursos de 20 dólares por debajo del ingreso objetivo, fijado en 85 dólares el quintal del aromático...