La jornada, 12 de agosto de 2003
La respuesta gubernamental al establecimiento de las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas está más cerca de una estrategia de contención de daños que de una iniciativa de Estado para alcanzar la paz. Más que buscar una solución de fondo al conflicto, pretende pagar el menor precio político por un golpe que no puede parar.
Detrás de sus benévolos juicios al establecimiento de un autogobierno indígena de facto se esconde el temor a que los grandes capitales acusen a la administración de Vicente Fox de debilidad. Su precaución está basada en la imposibilidad de revertir el despliegue de la autonomía indígena. Los gobiernos rebeldes y la desobediencia civil de las comunidades son hechos que no han podido contenerse ni con la presencia del Ejército, ni con la actuación de los paramilitares ni con los programas de bienestar social.
No, en Chiapas no se está construyendo un puente para unir el mundo indio rebelde con la sociedad política tradicional. Lo que allí está naciendo -la Comuna de la Lacandona-no tiene nada que ver con la vida y las maquinaciones de Los Pinos, el Palacio de Covián, Xicoténcatl o San Lázaro. Ese puente quedó clausurado por la arrogancia del poder.
Y es que un enorme foso separa el mundo de la política formal de partes cada vez más importantes de la sociedad mexicana. Arriba, sin importar los colores del partido al que pertenecen, los profesionales del poder conspiran, se ponen zancadillas, se toman fotos, amarran compromisos con los dueños del dinero y se preparan para que el poder cambie de manos. Abajo, los invisibles hacen la vida, forjan sus identidades, resisten y se adueñan de su destino.
La magnitud de esa distancia fue medida por el termómetro de las pasadas elecciones federales. Seis de cada 10 mexicanos inscritos en el padrón electoral se negaron a votar y 3 millones que lo hicieron anularon sus sufragios. Fue la forma mexicana de decir "que se vayan todos", inaugurada en Argentina. Sin embargo, pasada la señal de alarma, todo siguió igual en las cúspides. Nadie se dio por aludido. "Fue una señal para que nos uniéramos y sacáramos adelante las reformas que el país necesita", se apresuró a explicar la clase política en su conjunto, mientras se zambullía de lleno en la carrera presidencial de 2006.
En este 8 de octubre, aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, esta brecha se hizo aún mayor. Mientras unas deslucidas comisiones de organizaciones corporativas campesinas se entrevistaban con funcionarios públicos en diversas dependencias para exigir -por enésima ocasión-que se cumpliera el recientemente firmado Acuerdo Nacional para el Campo, miles de indígenas zapatistas y destacamentos de la sociedad civil se concentraron en la comunidad de Oventic para celebrar el nacimiento de las Juntas de Buen Gobierno...