Luis Hernández Navarro, 06 de octubre de 2026
En cada ocasión que puede, el desgobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dice: “Y como mi pecho no es bodega”. Lo utiliza lo mismo para defenderse de las innumerables críticas que recibe, como para presumir, con razón o sin ella, alguna obra de su administración. Y antes de soltarlo ante algún micrófono, toma aire y esboza esa sonrisa de suficiencia que usan los políticos embriagados por las mieles del poder.
Así lo ha hecho, una y otra vez, ante las acusaciones de nepotismo, porque sus familiares ocupan posiciones claves en su gobierno, el Congreso del estado, Morena y alguna institución federal. También ante los señalamientos que vinculan a sus parientes y más cercanos colaboradores con la narcopolítica. O ante las denuncias del incremento de la violencia. O con las recriminaciones por las persistentes violaciones a los derechos humanos en la entidad como el atroz asesinato del periodista Alejandro Leyva (https://shorturl.at/6JJTG).
Para su desgracia, el pecho de Jara ya no es bodega, es almacén. Desde la madrugada del pasado 23 de septiembre, cuando un operativo conjunto de marinos, soldados, Guardia Nacional y la fiscalía del estado, detuvo al presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como Miguel Quetu, y a Carlos Alberto N, La Parca, acusado de vincular al cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) con la célula delictiva Los Cromos, no ve lo duro, sino lo tupido.
Dando continuidad a una línea informativa que La Jornada ha seguido desde hace al menos dos años, a través de los reportajes de Enrique Méndez y las notas de Jorge Arturo Pérez Alfonso, las dos principales cadenas televisivas del país y varios periódicos más, han documentado la trama mafiosa alrededor del gobernador y su clan.
Pero, una tras otra, se han desgranado las acusaciones contra su hermano Noé Jara y sus vínculos con el crimen organizado, a través de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), que, entre otras funciones, tiene la de servir de grupo de choque contra maestros democráticos y organizaciones populares; la renuncia del director del Instituto Estatal de la Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero; los señalamientos en contra del senador Antonino Morales y las imputaciones contra la ahora ex secretaria de Turismo Saymi Pineda y su relación con Ricardo Estévez Colmenares, conocido como Saúl Bogar Soto Rodríguez. El mandatario reviró con una serie de entrevistas a modo y justificando a su hermano con el “argumento” de que es una “campaña bastante sucia en su contra”.
Imposible tapar el sol con un dedo. Salomón Jara ganó la candidatura de Morena a gobernador presumiendo que él podía contener al crimen organizado. Ha sucedido todo lo contrario. Los malosos lo han controlado a él.
Entre junio y septiembre de 2026, el Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 439 víctimas de homicidio doloso, en contra de las 397 registradas en el mismo periodo del año pasado. Tan sólo en la última semana, cinco personas fueron asesinadas. El huachicol, las ejecuciones violentas, los feminicidios, el cobro de derecho de piso, las amenazas y agresiones contra dirigentes de movimientos sociales, el tráfico de migrantes indocumentados, el trasiego de drogas, el despojo de predios, son el pan nuestro de cada día en la entidad. Por si fuera poco, según Coneval, Oaxaca es la tercera entidad con más pobreza en México, más de la mitad de sus hogares no tienen ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria básica y encabeza la lista de informalidad laboral en el país.
La violencia camina de la mano del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, región clave de infraestructura energética y transporte. Por debajo de la tierra, enlazando Minatitlán, Veracruz con la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, Oaxaca, corren ductos con hidrocarburos. Los Cromos,controlan una red de actividades ilícitas alrededor de los combustibles y todos los negocios asociados a ella: huachicol, precursores, extorsión a transportistas, migrantes indocumentados y, ya encarrerados, hostigamiento contra maestros y médicos. De paso, maneja a un buen número de presidentes municipales, agrupados en el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), y sus mandos policiales. El FUCO es una de las fuerzas sociales de apoyo del gobernador Jara y del senador Morales.
Una parte de esa violencia está concentrada en Juchitán. Con Miguel Quetu al frente de la alcaldía, siempre a la sombra de Emilio Montero, los homicidios en el municipio tuvieron un crecimiento de 80 por ciento y el narcomenudeo de mil 357 por ciento. Los policías municipales (que, a raíz de la detención del edil, protagonizaron una asonada) eran mandaderos, halcones y cuidadores de Los Cromos, al tiempo que se cooptaban los servicios de mototaxis.
Emilio Montero llegó a la dirección del IEEPO sin saber de educación, y se mantuvo allí con el apoyo del secretario Mario Delgado. Administró un presupuesto de 26 mil millones de pesos anules, provenientes en su mayoría del Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), destinados a pagar la nómina de 80 mil maestros y contratos de uniformes y mantenimiento de las instalaciones, de manera gansteril y clientelar. Manejó una enorme cantidad de plazas de aviadores para pagar favores y mantener en pie su maquinaria política, de manera que, empleados del municipio de Juchitán cobraban simultáneamente en el ayuntamiento y en el IEEPO.
Salomón Jara, en vez de limpiar a fondo el IEEPO, se puso al frente a una cercanísima figura de Noé Jara: la doctora por la Universidad de Santader Oaxaca, Fernanda Chávez Cruz, que ha tenido un meteórico ascenso en el gobierno del estado, sin la menor experiencia; saltó a la SEP estatal y de ahí al IEEPO. Su nombramiento es más que oportuno para el clan de los Jara.
Salomón Jara asumió la gubernatura anunciando que era la hora de la “Primavera oaxaqueña”. Esa primavera se marchitó muy rápido y hoy se vive un verdadero invierno.
X: @lhan55
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