La jornada, 28 de octubre de 2003.
La privatización eléctrica en México se ha querido justificar a base de mentiras. El secretario de Energía, Luis Téllez, afirmó en 1998 que si no se aprobaba la reforma al sector se produciría un colapso en 2002, y que se necesitaba una inversión de 25 mil millones de dólares cuando lo que se requerían eran tan sólo 13 mil millones. Falsas verdades y embustes han sido repetidos desde entonces, sin el menor rubor, por dos presidentes de la República y multitud de funcionarios.
A esta labor de falsificación de la realidad se ha sumado ahora el historiador Enrique Krauze. Al abogar por la privatización eléctrica en el artículo "Más cardenistas que Cárdenas" (Reforma, 26 de octubre de 2003) afirma que la nacionalización de esta industria fue un acto político "para contrarrestar el desprestigio de la Revolución Mexicana" y que "la solución de López Mateos fue parecer más cardenista que Cárdenas y ése fue el sentido principal de la nacionalización eléctrica".
Krauze miente. La intervención estatal en la industria no fue resultado de la necesidad de contener el prestigio de la Revolución Cubana ni de las disputas entre facciones en el poder, sino de algo mucho más sencillo: las necesidades del desarrollo nacional y el conflicto existente entre las empresas privadas que controlaban la actividad y los intereses de los consumidores que necesitaban de sus servicios. La ambición de los empresarios de esta rama económica chocaba permanentemente con las necesidades del conjunto de la planta industrial y comercial, así como de los usuarios privados.
La industria eléctrica en México nació de la iniciativa privada. En 1879 una empresa textilera, La Americana, asentada en León, Guanajuato, instaló la primera planta termoeléctrica en México. Diez años después, en Batopilas, Coahuila, se montó la primera instalación hidroeléctrica.
Cinco décadas más tarde el grueso de la industria eléctrica estaba en manos de dos empresas extranjeras: la Mexican Light and Power Company, Ltd, y la Impulsora de Empresas Eléctricas, subsidiaria del grupo estadunidense Electric Bond and Share Co. Ambos consorcios habían absorbido a otras empresas más pequeñas o con dificultades financieras.
Pero, a pesar del dominio del capital privado, la situación del sector distaba de ser ejemplar. Aunque el desarrollo del país requería unificar las prácticas de la industria eléctrica de forma que pudieran interconectarse todas las redes, había diferencias entre las dos compañías en los voltajes de distribución y frecuencia de generación. El suministro era inadecuado y las tarifas altas. Las quejas de los consumidores eran frecuentes. Distintas ligas de defensa de usuarios reclamaban la actitud de las empresas y presionaban al Estado para que reglamentara las actividades de los consorcios...