La jornada, 11 de noviembre de 2003.
El surgimiento público del zapatismo transformó significativamente el rostro de la sociedad civil en México, abriéndole un nivel inédito de interlocución política. Presente como actor de primer orden desde los sismos de 1985, la sociedad civil desempeñó un papel central en las jornadas contra el fraude electoral de 1988 y alcanzó el cenit de su protagonismo a raíz de los comicios federales y del levantamiento armado de enero de 1994.
Simultáneamente, la acción de esa sociedad civil, solidaria con la causa rebelde pero no necesariamente con el uso de las armas, modificó la ruta de lucha que el zapatismo se había trazado. Su iniciativa creó las condiciones para encontrar una salida pacífica al conflicto y para transformar del país por vías no violentas.
Durante dos décadas el concepto de sociedad civil sirvió para que se identificara a sí mismo un conjunto de actores no partidarios y no empresariales, enfrentados al Estado autoritario, la desintegración del tejido social por una modernización salvaje y la falta de derechos políticos y sociales. En un país con partidos políticos débiles, medios de comunicación electrónicos estrechamente ligados al poder y sindicatos verticales y antidemocráticos, surgió, a mediados de los ochenta, un nuevo asociacionismo producto del encuentro de sectores de la intelectualidad crítica con el descontento social, que elaboró una agenda con dos ejes centrales: la construcción de una ciudadanía ampliada, y una nueva forma de inserción en el espacio público basada en la más amplia participación ciudadana en las instituciones gubernamentales.
La camiseta de sociedad civil agrupó a una heterogénea constelación de voces: académicos e intelectuales dedicados a dar transparencia y certidumbre a los procesos electorales, movimientos por la liberación de la mujer o la defensa del medio ambiente, grupos de defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG) de promoción al desarrollo, organizaciones cívicas, asociaciones de campesinos o pobres urbanos, medios de comunicación, artistas y personalidades democráticas.
El activismo y la radicalidad de la sociedad civil crecieron durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), al posponerse indefinidamente la reforma del Estado por la reforma económica y hacer del combate a la pobreza el espacio para dotar a su proyecto político de una base social. La modernización económica vertical, excluyente y autoritaria hizo surgir un enorme y soterrado descontento popular, que no pudo canalizarse electoralmente por el asedio y la persecución sufrida por el naciente Partido de la Revolución Democrática. Las islas que integraron el archipiélago de la participación de la ciudadanía organizada que, más allá de sus diferencias políticas y del terreno específico de su intervención social, coincidían en la necesidad de democratizar el país y atemperar la desigualdad social, sufrieron un bloqueo político asfixiante. Su lugar en la mesa de la política nacional era secundario, cuando no inexistente...