La Jornada, 30 de enero de 2001
Nunca había estado tan alto el PAN en el firmamento político. Nunca, tampoco, se había encontrado tan cerca, desde su fundación en septiembre de 1939, de caer al fondo del pozo donde habitan los esqueletos de los partidos que perdieron la apuesta por la historia.
Uno de sus integrantes ocupa la Presidencia de la República, es la segunda fuerza en las Cámaras de Diputados y Senadores, y gobierna, en solitario, seis estados. El Presidente, sin embargo, se mueve con gran independencia de su partido y a duras penas lo tomó en cuenta para integrar su gabinete. Lejos de buscar vínculos orgánicos permanentes con el instituto político que lo postuló, el nuevo jefe del Ejecutivo ha procurado relacionarse directamente con la población y los actores sociales claves.
Despechado, el PAN ha hecho del conflicto en Chiapas el asunto central para medir fuerzas con Vicente Fox y forzarlo a negociar un nuevo trato. No lo pudo hacer durante los primeros días de la administración ante un asunto como la aprobación del presupuesto, pues partido y Presidente viajaban en el mismo barco; torpedearlo habría hecho a todos náufragos. No tendrá la posibilidad de hacerlo en un futuro cercano, cuando se debata la reforma fiscal, ya que ambos tienen que rendir cuentas a los mismos patrocinadores.
Los obstáculos a las incipientes medidas de distensión emprendidas por Fox hacia los zapatistas no han provenido del PRI, mucho menos del PRD, visiblemente tampoco del Ejército. Curiosamente, han surgido de sus aliados: el PAN y los grandes empresarios. Primero, los legisladores de Acción Nacional se opusieron a retirar su propuesta de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, a pesar de que contradice abiertamente los acuerdos de San Andrés. Después, han tratado de presentar la marcha zapatista a la ciudad de México como un hecho ilegal y han rechazado la posibilidad de dialogar con ellos si portan pasamontañas.
Uno tras otro, Ricardo García Cervantes, presidente de la Cámara de Diputados; Felipe Calderón, coordinador de la bancada del PAN en el Palacio de San Lázaro; el integrante de la Cocopa, Fernando Pérez Noriega, y, por supuesto, el jefe del grupo parlamentario del blanquiazul en el Senado, Diego Fernández de Cevallos, han declarado en contra de la caravana rebelde por la paz.
El jefe Diego ha ido más lejos aún. Aseguró que "bajo ninguna circunstancia, si fuera mía la responsabilidad, haría lo que está haciendo el Presidente de la República". Y, cuando Fox afirmó en Davos que no hay nada que temer por la llegada de los zapatistas al Distrito Federal, el durito, Fernando Pérez Noriega, se apresuró a corregir al Presidente diciendo que su comentario era para "calmar a los inversionistas extranjeros", pero no implicaba la aprobación de la movilización...