La jornada, 19 de julio de 2005
El músico Frank Zappa, fallecido en 1993, acostumbraba decir que "la política es el departamento 'Espectáculos' de la industria". Si resucitara en México y viera la relación que se ha trabado entre medios de comunicación electrónicos y elecciones, sin duda afirmaría que "la política es el nuevo departamento 'Espectáculos' de la industria... del entretenimiento". La mediocracia ha emergido en la escena política nacional como un actor privilegiado que juega sus cartas a fondo de cara a la sucesión presidencial de 2006.
La creciente influencia de los señores del entretenimiento en la definición de la agenda electoral se ha transparentado, aún más, a raíz de la entrega de 250 permisos para abrir centros de juego y apuestas que dio el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, a empresarios de la industria del espectáculo. Más claro ni el lodo: en la hora de la ludopatía electoral, la casa juega.
Su fuerza no sólo se manifiesta en su capacidad para beneficiarse con el reparto de autorizaciones de negocios millonarios, o con el hecho de que los políticos requieran más de los medios que éstos de los políticos, sino en su indudable capacidad para vetar cualquier iniciativa legislativa que busque regular sus actividades.
Aunque desde 1975 se debate con intensidad la obligada reforma del marco jurídico que regula el papel de los medios de comunicación en la construcción de nuestra democracia, esta polémica cobró nuevos bríos durante 2004.
A comienzos del año pasado creció la controversia sobre la necesidad de que el Senado de la República reformara la Ley de Radio y Televisión (vigente desde el 8 de febrero de 1960) para transparentar la entrega de concesiones a particulares. Numerosas voces advirtieron de la necesidad de nuevas regulaciones. No se trataba de una discusión ociosa: la democracia no es posible cuando existe una concentración de la propiedad de los medios de comunicación electrónicos como la que hay en México, que florece, además, al amparo de una de las legislaciones más atrasadas del mundo. La reforma fue paralizada.
También desde 2004 la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados impulsó la discusión sobre la urgencia de una nueva reforma política que controle el dinero destinado a las campañas electorales y el acceso de candidatos y partidos a los medios de comunicación electrónicos. Una reforma para cambiar los ejes de la competencia electoral, prohibir que candidatos y partidos hagan uso de espacios comerciales en radio y televisión para sus campañas, y facultar al IFE para comprar los espacios para la difusión de propuestas políticas. Y otra vez, como sucedió con la Ley de Radio y Televisión, la propuesta de nueva legislación abortó...