La jornada, 18 de octubre de 2005
De la misma manera en la que el gobierno de Vicente Fox mochó el águila y la serpiente del escudo nacional, quiso hacer de los emblemas religiosos símbolo distintivo de su gobierno y del mercado una escuela de virtud para la administración pública, y así se propone ahora avanzar en el uso mercantil del patrimonio arqueológico, artístico e histórico. El camino elegido es promover una nueva legislación.
El pasado mes de septiembre el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de ley para fijar la forma en que el gobierno federal debe fomentar y difundir la cultura y, simultáneamente, establecer la organización legal y las atribuciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Los promotores de la iniciativa aseguran que buscan llenar un vacío legal. Dicen, además, que no modifica ni altera las atribuciones ni de organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación, ni tampoco de entidades paraestatales como el Instituto Mexicano de Cinematografía, Estudios Churubusco o Televisión Metropolitana.
Sin embargo, una lectura detallada de la iniciativa ley de fomento y difusión de la cultura muestra una situación distinta a la públicamente confesada por sus patrocinadores. La propuesta transforma las modalidades de intervención del Estado en la vida cultural. Debilita y subordina muchas de las instituciones culturales existentes, vaciándolas de autoridad y funciones. Abre la vía para la desamortización del patrimonio histórico y cultural resguardado por la legislación vigente y su usufructo por intereses privados, sobre todo la industria turística y los grandes monopolios de la comunicación. No crea instrumentos de participación social sustantivos.
El documento es un engendro jurídico. Confunde cultura con patrimonio cultural. "Explica" lamentablemente los vínculos existentes entre educación, ciencia y cultura: "son -dice- campos, aunque especializados, ligados por guardar un mismo fin que lo es el acceso al saber, por lo que son conceptos que no se distinguen, sino se complementan" (sic). Asegura circunscribir su acción al ámbito del fomento y la difusión de la cultura, pero invade funciones en el terreno de su defensa, investigación y docencia.
Además, propone que se legisle para modificar el régimen de propiedad intelectual, sin precisar a quién se quiere defender. Legitima la subvención estatal de empresas privadas. Ignora a los pueblos indígenas. Reconoce, sólo declarativamente, que México es un país multicultural. Dibuja un horizonte cultural al que aspira como producto del mestizaje entre Celebremos México y Disneylandia, ofreciendo a la industria turística y a los (grandes) medios de comunicación la patria potestad sobre la nueva criatura.
Por si faltara algo, la iniciativa coloca una moderna espada de Damocles sobre las legislaciones previamente existentes que han protegido razonablemente el patrimonio cultural: en su artículo séptimo transitorio deroga "las disposiciones que se opongan a la Ley"...