La Jornada, 29 de mayo de 2001
Es la hora de la memoria, de poner fin a la impunidad. La política autoritaria se alimenta del olvido, vive de él. Sin ajustar cuentas con el pasado, sin hacer justicia a las víctimas y sus familiares no habrá democracia. Recordar es el secreto de la redención; la vía para impedir que el mal reaparezca.
Durante tres décadas un grupo de mexicanos fueron víctimas: se les torturó, asesinó, detuvo al margen de la ley y se les desapareció por sus convicciones políticas o su compromiso social. Los responsables directos fueron otro grupo de mexicanos: policías, funcionarios de seguridad nacional, militares y paramilitares creados o protegidos desde el poder.
El memorial de agravios es abundante. Tan sólo en Guerrero se documentaron 530 desaparecidos políticos. No se circunscribe a los años de la guerra sucia, sino que llega hasta nuestros días. Después de la matanza de Aguas Blancas, en la que 17 campesinos fueron asesinados, murieron doce personas más porque tenían alguna relación con el caso. No se limita a la lucha de los cuerpos represivos en contra de organizaciones guerrilleras, sino que afecta a luchadores sociales y políticos. Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari fueron asesinados 294 perredistas.
La documentación de estas barbaridades es amplia y sólida. El informe de Human Rights Watch sobre los derechos humanos en nuestro país, publicado en enero de 1999, comienza señalando: "La tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo generalizadas en México, a pesar de las numerosas reformas legales e institucionales aducidas por los sucesivos gobiernos mexicanos como prueba de su compromiso con la protección de los derechos humanos".
La llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República no acabó con la impunidad. Ni los responsables de estos crímenes han sido sancionados ni las víctimas o sus familiares han sido indemnizados ni han sido abiertos los archivos que pueden ayudar a esclarecer la verdad. A seis meses de gobierno no se ha hecho justicia.
A pesar de que formalmente Fox no tiene compromisos de ningún tipo con las pasadas administraciones, se niega a aclarar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ellas y a sancionar a quienes encarcelaron al margen de la ley, torturaron y desaparecieron a miles de mexicanos. Los narcotraficantes de la memoria, los encargados de embotar la sensibilidad y adormilar los recuerdos, gozan de cabal salud en el nuevo régimen...