La jornada, 15 de agosto de 2006
En Oaxaca la guerra sucia regresó. La lista de las atrocidades cometidas por el gobierno de Ulises Ruiz en contra del movimiento magisterial y la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño (APPO) crece día con día. Junto a la ingobernabilidad del estado ha emergido una grave crisis de derechos humanos.
Asesinato de ciudadanos inconformes a manos de sicarios y policías vestidos de civil, disparos de armas de fuego en contra de periódicos y estaciones de radio independientes, secuestro y tortura de dirigentes sociales por brigadas paramilitares, amenazas de muerte, centros de detención clandestinos, incendio de autobuses por grupos de porros ligados a autoridades priístas locales y detención arbitraria sin órdenes de aprehensión de líderes populares son algunas de las agresiones cometidas en contra del movimiento civil que exige la renuncia del gobernador de la entidad.
La violencia física dirigida a opositores no es una novedad en Oaxaca. Es parte de la cultura política de la clase estatal. Organizaciones campesinas, comunidades indígenas, el sindicato magisterial y ciudadanos en la entidad han sufrido persecución política y abusos policiales desde hace décadas. En los años ochenta Amnistía Internacional elaboró un amplio informe documentando las violaciones a los derechos humanos en las zonas rurales de Chiapas y Oaxaca. Cacicazgos, desapariciones forzadas, asesinatos de disidentes políticos y detenciones arbitrarias han sido instrumentos habituales de gobierno en las diferentes administraciones estatales.
La novedad de la violencia local contra los opositores que actualmente se vive es que se realiza en contra del más importante y vigoroso movimiento social en la entidad en décadas y que se hace "extraoficialmente". Esto significa que la mayoría de los actos represivos son ejecutados por policías estatales vestidos de civil, que no reconocen serlo, y por paramilitares. En ocasiones han contado con el apoyo de presidentes municipales de filiación priísta.
El gobierno estatal no admite, usualmente, responsabilidad alguna en estos hechos, aunque algunos detenidos sean después encarcelados en penales de alta seguridad. En la entidad se vive un nuevo episodio de la guerra sucia que sacudió a nuestro país entre los años sesenta y los ochenta y que provocó la desaparición de mil 200 personas...