La jornada, 07 de noviembre de 2006
Durante meses, el conflicto en Oaxaca fue rehén de la situación política nacional. Pero ahora, en un vuelco de 180 grados, la coyuntura inmediata del país está atravesada por la sublevación oaxaqueña. El problema de "una sola calle", como lo bautizó Ulises Ruiz, define ya muchas de las grandes decisiones políticas nacionales.
Las elecciones federales de julio de 2006 colocaron las protestas magisteriales en la entidad y las movilizaciones de la naciente Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en un segundo plano. Roberto Madrazo aseguró que tenían "aroma de mujer", insinuando que detrás de ellas se encontraba Elba Esther Gordillo. No fueron pocos los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador que vieron en la sublevación una maniobra para dañar la imagen de su candidato.
El conflicto poselectoral dio vida artificial a Ulises Ruiz. Las grandes movilizaciones contra el fraude electoral oscurecieron el levantamiento oaxaqueño. Cargando a cuestas un grave déficit de legitimidad, Felipe Calderón necesita del apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para llegar a la Presidencia de la República y para mantenerse en ella con los menores sobresaltos posibles. El tricolor ha puesto precio a esta alianza: el sostenimiento en su cargo del gobernador de Oaxaca.
Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Oaxaca está en el centro de la agenda política nacional. A punto de terminar su mandato, Vicente Fox confesó que heredará el conflicto a su sucesor. El próximo 20 de noviembre, fecha en la que López Obrador tomará posesión como presidente legítimo, distintas fuerzas han anunciado la realización de un paro nacional en apoyo a la APPO. Los insumisos oaxaqueños han dado un jaque al rey al declarar que, si Ulises Ruiz no se va, piensan trasladarse a la ciudad de México para impedir que Felipe Calderón se convierta en presidente de la República.
Una y otra vez, el gabinete de transición del abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) declara a la prensa que sigue atento el conflicto, pero que es ajeno al manejo que el gobierno federal le está dando. La mentira no confunde a nadie. Dentro del movimiento se sabe con absoluta certeza que el envío de la Policía Federal Preventiva (PFP) a Oaxaca fue una exigencia del presidente electo a Vicente Fox. Josefina Vázquez, habilitada como operadora para "desactivar el conflicto", dejó a su paso demasiadas huellas de su infructuosa labor. Temeroso de tener que lidiar con un problema que ni entiende ni puede resolver con la política de "mano dura" que ha ofrecido a los círculos empresariales, Calderón presionó con todo para que fuera este gobierno y no el suyo el que pagara el costo de la represión en la entidad. Pero todo fue inútil.
Las cosas son hoy más complicadas de lo que eran antes de la Batalla de Oaxaca...