La jornada, 05 de diciembre de 2006
Más de lo mismo, pero peor. Así se resume la posición de Felipe Calderón frente a los graves problemas sociales que sacuden al país. El choque de trenes entre un movimiento social radicalizado, un movimiento ciudadano agraviado y un gobierno federal torpe y endurecido es inminente.
El dramático problema de Oaxaca no mereció una sola palabra del nuevo Presidente en su discurso de toma de posesión. Pero, eso sí, para que no haya dudas de quiénes son sus aliados, un día después Ulises Ruiz asistió a la comida de los gobernadores con el nuevo inquilino de Los Pinos. Tampoco dijo nada de Chiapas ni de los derechos de los pueblos indígenas. En cambio, colocó en la Secretaría de Gobernación a un connotado torturador y violador de derechos humanos. Nombró como parte de su gabinete de seguridad a los mismos funcionarios que condujeron al país al desastre en temas de derechos humanos durante la administración de Vicente Fox. Y, por si fuera poco, durante su fugaz toma de posesión, la conductora oficial del acto anunció en cadena nacional una política de mano dura.
Una nueva conflictividad social sacude al país. Los síntomas son claros. Ha aparecido una multiplicidad de nuevos actores. Los métodos de lucha de las organizaciones populares se han radicalizado al tiempo que los problemas se multiplican. Los canales institucionales para atender sus demandas han sido frecuentemente desbordados.
Los funcionarios encargados de la gobernabilidad y los servicios de inteligencia durante el sexenio de Fox no entendieron nunca la naturaleza de la nueva problemática social. Lisa y llanamente, no comprendieron el nuevo fenómeno que tuvieron que enfrentar. Y esos funcionarios y otros peores que ellos, si es que cabe tal cosa son los que están hoy al frente del equipo de Calderón.
Durante los últimos meses de su administración, Fox quiso suplir su desconcierto ante la creciente rebeldía social con el uso de la fuerza pública. Con acciones relámpago, en nombre del Estado de derecho, la firmeza y el uso legítimo de la violencia, se reprimió a movimientos paradigmáticos de esta nueva conflictividad como el de los mineros de Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Atenco y la sublevación oaxaqueña. Sin embargo, lejos de solucionar los conflictos, la "salida" policial los complicó más. La población enfrentó indignada a la fuerza pública y, lejos de atemorizarse, ha mantenido su lucha. El gobierno mexicano acabó pagando un alto costo ante la comunidad internacional de derechos humanos por las graves violaciones a las garantías individuales que los destacamentos policiales cometieron. La cuenta completa todavía no llega...