La Jornada, 15 de mayo de 2007
Es un hecho histórico, inusitado. No hay un solo antecedente similar en los anales del derecho mexicano. Los amparos contra la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) son una cascada que no se detiene.
Existen aproximadamente 2 millones 430 mil derechohabientes en el Instituto. Cerca de 750 mil de ellos ganan menos de dos salarios mínimos al mes. La cifra definitiva de los amparos presentados se conocerá hasta el 14 de mayo. No obstante, se sabe que hay, al menos, 100 mil de ellos. Una cantidad, impresionante.
La columna vertebral de la protesta son los maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, la demanda se ha ido desparramando a otros sectores. Prestigiados académicos de El Colegio de México se han amparado. Lo han hecho también magistrados y numerosos empleados de confianza. También trabajadores administrativos, técnicos y manuales. Los amparos provienen de servidores públicos de todo el país y prácticamente de todas las dependencias del gobierno federal.
Las demandas interpuestas impugnan casi todos los capítulos de la nueva ley. Cuestionan su carácter retroactivo, el establecimiento de una base salarial diferente a la que existe ahora para efectos de jubilación, la confiscación de las pensiones en favor de intereses privados o la afectación de los servicios médicos.
Esta catarata de amparos se concentra en la expedición de la ley. Las demandas presentadas son cada vez más finas, más precisas en sus impugnaciones. Pero se trata de, apenas, la primera etapa. A partir de ahora se abrirá un nuevo plazo de 15 días para ampararse contra los efectos en la aplicación de la ley. Se espera una nueva avalancha.
Los amparos contra la nueva Ley de ISSSTE han sido presentados por todos los estratos de funcionarios públicos de la Federación y organismos descentralizados, prácticamente en toda la República y en contra de casi todos los capítulos que la integran. Quienes los interpusieron consideran que la reforma contradice el espíritu enunciado por la Organización Internacional del Trabajo sobre el sistema de jubilación: "que no haya pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión"...