La Jornada, 17 de junio de 2008
Gritaron y patalearon. Dijeron que lo desconocían y que no tratarían con él los asuntos del campo. Marcharon por las calles de la ciudad de México pidiendo que se fuera. A comienzos de 2008, los dirigentes de un buen número de organizaciones campesinas nacionales exigieron la renuncia de Alberto Cárdenas, secretario de Agricultura (Sagarpa). Lo mismo hicieron los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Pero, cinco meses después del pleito, Alberto Cárdenas sigue al frente de la Sagarpa, despachando como si nada hubiera pasado. Y los líderes agrarios y diputados que lo desconocieron como interlocutor ahora se reúnen y acuerdan con él y sus subalternos como si no hubieran pedido su salida. Algunos se portan como si fueran grandes amigos del funcionario. Ya se arreglaron.
El conflicto estalló formalmente como protesta contra la plena entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, para muchos líderes, legisladores y gobernadores el problema de fondo era otro: la aprobación de nuevas reglas de operación para administrar los programas del campo, aprobadas el 31 de diciembre de 2007.
Las nuevas reglas de operación definen la forma en la que se distribuirán los más de 204 millones de pesos que el programa especial concurrente para el campo contempla para 2008. Centralizan la administración de los recursos en el gobierno federal y compactan los programas. Los 156 planes para el campo que existían se reducen a 16. La Sagarpa se queda con la mitad. De esta manera se crean las condiciones institucionales para su manejo con criterios electorales y para beneficiar a los sectores más capitalizados del agro.
La existencia de diversos programas específicos y presupuestos etiquetados a ellos permite limitar la tendencia del gobierno federal a definir el destino de los recursos públicos como le dé la gana. Muchos de estos programas, hoy desaparecidos, respondían a viejas demandas de pequeños productores y campesinos. Al compactarlos, el gobierno panista tiene hoy manga ancha para disponer de los recursos y canalizarlos hacia sus aliados en la sociedad rural.
Cerca de 30 por ciento del presupuesto del sector fue reubicado en rubros distintos a los originalmente aprobados en 2007. Como resultado de la migración, los recursos destinados a 2 millones de hectáreas que se dejaron de trabajar fueron trasladados a Procampo Capitaliza, que beneficia a los grandes productores rurales...