La Jornada, 30 de marzo de 2010
Se llaman Alberta y Teresa. Son mujeres, son pobres, son indígenas. Ése es su delito. Por eso están en la cárcel, condenadas a 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y la obligación de pagar 70 mil pesos para reparar el daño que supuestamente cometieron.
Alberta Alcántara y Teresa González son indígenas ñañues (otomí) de la comunidad de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro. Desde hace más de tres años están en prisión. El 5 de agosto de 2006 fueron encarceladas, en el Cereso de San José el Alto sin haber tenido contacto con abogados o familiares. Están acusadas de secuestrar a seis agentes federales de investigación (afis). Amnistía Internacional las declaró presas de conciencia.
Jacinta Francisco, también indígena, fue detenida por las mismas causas. Defendida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), obtuvo la libertad en septiembre de 2009, luego de que la Procuraduría General dela República (PGR) dictó conclusiones no acusatorias en el segundo proceso. A pesar de que los tres casos son parecidos, ni Alberta ni Teresa han recuperado su libertad.
La historia del caso comienza el 26 de marzo de 2006. Ese día, un grupo de afis llegó al tianguis de Santiago Mexquititlan, municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro, sin uniformes y sin identificarse. Argumentaron realizar un operativo contra la piratería y posible venta de narcóticos. Investigaban a una mujer alta, pecosa y de cabello corto a la que apodaban La Güera, quien fue denunciada en forma anónima por posesión de cocaína. Prepotentes, destrozaron mercancía.
Los vendedores, indignados, no se dejaron: los rodearon, exigieron que se identificaran, que mostraran la orden que justificaba su proceder y que pagaran los daños. Los afis tuvieron que aceptar. En prenda, dejaron a uno de sus compañeros. El jefe a cargo, Cruz Bedolla, se comprometió a pagar los daños ocasionados, que ascendían a 70 mil pesos.
Como represalia por la desobediencia social, el 3 de agosto de ese año, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas. La PGR las acusó de incitar a los tianguistas a secuestrar a los afis, privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delitos contra servidores públicos y contra la salud. Estaba en el aire lo sucedido ese mismo año en Atenco y en Oaxaca con la APPO: una crisis profunda en el modelo de mando-obediencia.
Ese día Alberta fue al mercado a hacer compras y a visitar a su hermano Gabriel y a su cuñada Teresa en su puesto de discos. “Llegué –contó a Cimac– y me encontré con que estaban en problemas con unos hombres armados que se querían llevar sus mercancías, dijeron que eran afis y les pedimos que se identificaran.”...