La Jornada, 15 de junio de 2010
Con apenas unos cuantos días de diferencia, de Sonora a Oaxaca, del movimiento sindical a la lucha indígena, quedó claro que los espacios de reivindicación político-social en el país se cierran cada vez más. En Cananea, policías y esquiroles rompieron con lujo de violencia la huelga de los mineros. En la zona triqui, paramilitares priístas y gobierno oaxaqueño impidieron la llegada de la segunda caravana humanitaria a San Juan Copala.
Ambos hechos no son casos aislados. Son un patrón recurrente de trato por parte de las autoridades federales y estatales hacia los movimientos sociales que cuestionan las formas tradiciones de control gubernamental. En lugar de negociar las demandas de los sectores subalternos, los funcionarios públicos combinan el uso faccioso de la ley, la violación de derechos humanos, la designación arbitraria de representantes a modo, el monopolio legítimo de la fuerza y la violencia ilegal para doblegar a los sectores populares inconformes.
La violencia contra los grupos inconformes con la política gubernamental se ha extendido y generalizado. Lejos de ser un hecho excepcional, se ha convertido en una constante. Participan en ella el Ejército, la Policía Federal, policías locales, paramilitares, pistoleros, esquiroles y, según diversas denuncias, narcotraficantes.
No es exagerado afirmar que en distintas regiones del país han aparecido grupos paramilitares que actúan contra los movimientos antisistémicos. Integrados por campesinos o indígenas cercanos al gobierno, utilizan armas exclusivas del Ejército, portan uniformes (generalmente negros) y gozan de absoluta impunidad. Al menos, operan en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Son responsables de muertes, desapariciones, agresiones y amenazas contra disidentes políticos. (Véase el magnífico reporte especial Contra los pueblos indígenas, la verdadera guerra del gobierno mexicano, publicado en Ojarasca, Número 158, junio de 2010.)
En otras regiones, caciques, empresarios y políticos poderosos han echado mano de grupos de pistoleros y esquiroles, sea para tratar de romper huelgas o para amedrentar a luchadores sociales que se oponen –por ejemplo– a la minería a cielo abierto. Un caso, entre otros muchos: el pasado 27 de noviembre de 2009 fue asesinado en Chicomuselo, Chiapas, el líder social Mariano Abarca. Entre otros, fueron señaladas como sospechosas del crimen Ciro Roblero (trabajador de la minera trasnacional canadiense Blackfire, contra la que Abarca peleaba), Luis Antonio Flores Villatoro (Gerente de de Relaciones Públicas de Blackfire)...