La Jornada, 08 de marzo de 2011
A diecisiete años del levantamiento armado de Chiapas y 11 de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, la situación de los pueblos indígenas en todo el país es peor que nunca. Literalmente hay una guerra de despojo contra sus tierras y territorios.
En todo México viven bajo acoso. Las grandes compañías mineras, muchas de ellas canadienses, ocupan sus territorios sagrados, contaminan sus aguas y erosionan sus tierras. El gobierno se empeña en construir grandes presas que vuelven fantasmas sus campos de cultivo y ahogan sus pueblos y sus muertos. Los talabosques saquean su madera.
La precariedad económica los ha hecho migrar más que nunca. En los grandes campos hortícolas del noreste trabajan como esclavos y se envenenan con el uso de agroquímicos. En playas y zonas turísticas, las grandes compañías hoteleras tratan de expulsarlos de sus tierras.
Sus dirigentes son hostigados, encarcelados y asesinados. Más de 8 mil indígenas están en las cárceles del país, en su mayoría por desconocer la ley, no contar con un traductor, no tener abogado o carecer de dinero para fianza. En el estado de México, el más poblado del país, existen solamente 10 intérpretes de lenguas indígenas.
Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, las campañas de despistolización o la guerrilla, muchos territorios indígenas están militarizados. Son frecuentes los abusos de la tropa contra la población civil.
El nombramiento de sus autoridades municipales no es respetado y sus lenguas son ignoradas. En todos lados padecen discriminación. Su derecho es desconocido y sus derechos pisoteados. Se les sentencia con criterios inequívocamente racistas.
En 2007, la Organización de Estados Americanos (OEA) divulgó en Washington un reporte que señala que los indígenas sujetos a juicio penal se encuentran normalmente desamparados en medio de un proceso que no entienden porque no hablan español y no cuentan con intérprete. La detención arbitraria es bastante común, así como los excesivos plazos de duración de la prisión preventiva y en general de los juicios. El maltrato y la tortura son también una práctica común para obtener una confesión.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las quejas más frecuentes de los indígenas sujetos a proceso judicial son maltrato en la detención, detenciones arbitrarias sin orden judicial, introducción en sus domicilios sin orden de cateo, fabricación de pruebas, defensa deficiente e inadecuada, falta de intérprete y dilación...