La Jornada, 22 de marzo de 2011
El pasado 10 de marzo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma laboral travesti.
Aunque formalmente es una propuesta tricolor, en los hechos se trata de la elaborada por el secretario del Trabajo panista, Javier Lozano Alarcón. El 90 por ciento del contenido de la ley Lozano está en el documento de los diputados priístas.
Pero el travestismo de la iniciativa también tiene que ver con la forma en que se ha divulgado ante la opinión pública.
Elaborada en consenso con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidente en temas nodales con la formulada por el Partido Acción Nacional (PAN), está destinada a favorecer unilateralmente al sector empresarial, pero se presenta como si fuera a beneficiar a los trabajadores.
Curiosamente, la propuesta del PRI del 10 de marzo contradice radicalmente el texto que el mismo partido presentó el 15 de diciembre de 2010, según consta en la gaceta informativa. Hace tres meses el CCE regañó al Revolucionario Institucional y éste optó por no ratificarla en tribuna. Ahora el tricolor dio un giro de 180 grados y se propone legislar una reforma laboral al gusto de los patrones.
La modificación flexibiliza drásticamente las relaciones laborales y precariza el trabajo aún más. El espíritu patronal de la propuesta se materializa en tres puntos centrales: liberar y legalizar el outsourcing, facilitar y abaratar el despido libre, y restringir la contratación colectiva a sindicatos gremiales. Traiciona el espíritu del artículo 123 de la Constitución.
La iniciativa vulnera los principios de contratación colectiva y de bilateralidad sindicato-patrón, al privilegiar la contratación individual excluyendo al sindicato. Satisface así la vieja aspiración panista de favorecer la relación directa trabajador-patrón, por encima de la organización gremial. Ese anhelo blanquiazul se concreta en el artículo 15-A, que legaliza los esquemas de outsourcing bajo la denominación de trabajo en régimen de subcontratación.
En la propuesta de reforma no se define la nueva figura legal ni se le ponen limitaciones. En cambio, elimina la responsabilidad solidaria. Sin cubrir demasiado las formas, elimina responsabilidades patronales y facilita la simulación.
Excluye la actuación de la inspección del trabajo como vigilante para sancionar el incumplimiento laboral, generando mayor impunidad...