La Jornada, 06 de noviembre de 2001
La amnesia gubernamental es no sólo una forma de perpetuar la injusticia, sino que constituye la mejor manera de alentar la reincidencia.
El gobierno de Vicente Fox heredó un sistema de administración de la justicia con áreas fuertemente degradadas. Las violaciones a los derechos humanos no eran incidentales sino sistémicas. Aunque concentradas en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca estaban presentes en todo el país.
El asesinato de Digna Ochoa hizo evidente que la alternancia política no puso fin al grave deterioro existente en el respeto a las garantías individuales y la procuración de la justicia. La salida del PRI de Palacio Nacional no provocó una modificación sustantiva de la situación de los derechos humanos en el país.
La muerte de la abogada Ochoa no es un hecho aislado, como pudo verse en las amenazas que otros cinco defensores sufrieron inmediatamente después del crimen. Las causas que originan la violación a los derechos humanos siguen sin atenderse.
Tal y como sucedía en el pasado, el Ejército participa en tareas policiales y funciones de contrainsurgencia en zonas indígenas, y realiza operativos de lucha contra el narcotráfico, con muy poco respeto a las garantías individuales. Los funcionarios y mandos policiacos responsables de procurar justicia son los mismos que ejercían durante las administraciones del PRI. Los jueces se abstienen sistemáticamente de investigar las acusaciones de violaciones de derechos humanos. A pesar de que muchas de las más graves violaciones a los derechos básicos han sido responsabilidad del Ejército, el actual responsable de la Procuraduría General de la República (PGR) es un militar.
Sin embargo, es incorrecto afirmar que las cosas son exactamente igual ahora a como eran en el pasado. A diferencia de Ernesto Zedillo, quien maltrató a los representantes de los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos y desestimó sus críticas, el gobierno de Vicente Fox ha sido cuidadoso en la relación con ellos. Hasta el fracaso en la legislación de la reforma indígena y el asesinato de Digna Ochoa tuvo a su favor en el exterior un bono democrático, que hoy comienza a agotarse, pero que le dio una capacidad de maniobra que no tuvieron sus antecesores. Aunque sus palabras no han tenido consecuencias prácticas, ha hecho declaraciones a favor de la liberación de Rodolfo Cabrera y de Teodoro Montiel, los ecologistas presos en Guerrero por su participación en la lucha en contra de la tala del bosque. Funcionarios de su gobierno han dado a las ONG que trabajan sobre los derechos humanos un nivel y calidad de interlocución que nunca recibieron en el pasado...