La Jornada, 13 de septiembre de 2011
Guerrero es hoy uno de los estados más violentos en el país. Tan sólo en agosto de este año fueron asesinadas 150 personas en la zona costera de Acapulco. Miles de maestros del sistema de educación pública suspendieron labores la semana pasada para protestar contra la extorsión y la inseguridad. Hace un mes hicieron lo mismo empresarios gasolineros del puerto turístico.
Guerrero vive –según Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan– una de las peores etapas de violencia en la historia reciente. La colusión del crimen organizado con las policías y los cacicazgos, así como la militarización de amplias regiones del estado han propiciado una situación de inseguridad y violación a los derechos humanos.
Como ha dejado en claro el paso por aquellas tierras de la Caravana por la Paz, encabezada por Javier Sicilia, la violencia que sacude a la entidad no es sólo producto de la guerra contra el narcotráfico o de las disputas entre bandas criminales.
Una parte muy importante de los homicidios y las desapariciones es el saldo verificable de una nueva guerra sucia contra el movimiento popular. Durante el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, quien llegó a la gubernatura con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron asesinados 32 dirigentes y militantes de ese instituto político, así como decenas de líderes sociales e indígenas y defensores de derechos humanos.
Uno de esos crímenes que sigue sin resolverse es el de Armando Chavarría Barrera, diputado, líder del Congreso de Guerrero, adversario de Zeferino Torreblanca y principal aspirante del PRD a la gubernatura del estado. Su viuda, Martha Obeso, se encontró con el poeta Sicilia en Acapulco el pasado sábado para recordar que la muerte de su marido sigue impune.
Economista, hijo de un hojalatero de Iguala, Armando Chavarría fue asesinado de 10 balazos el 20 de agosto de 2009, al salir de su casa. Iba a bordo de un Volkswagen Bora Sport, gris plata. Su cuerpo fue encontrado 15 minutos después de su muerte, recargado sobre la puerta derecha. El gobernador le había retirado los seis guardaespaldas que originalmente se le asignaron para su seguridad. Según documenta Tomás Tenorio Galindo en el libro Un asesinato político, los encargados de investigar el homicidio permitieron que se alterara la escena del crimen.
El gobierno de Zeferino Torreblanca, aliado de Nueva Izquierda dentro del sol azteca, se caracterizó por una estrecha complicidad con el caciquismo priísta. La procuración de justicia le fue entregada a Eduardo Murueta Urrutia, un personaje de todas las confianzas de Rubén Figueroa. El control de la educación pública fue botín de Elba Esther Gordillo...