La Jornada, 13 de agosto de 2013
El presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma energética en un momento muy delicado. Confluyen en la arena política un amplio rechazo ciudadano contra la privatización petrolera y un rizoma social opositor de gran calado en torno a cuestiones educativas, la devastación ambiental y la inseguridad pública.
Por si fuera poco, la situación económica se torna cada día más desfavorable. Las cifras de crecimiento económico para 2013 han caído de manera sostenida. El país acumuló 11 meses seguidos de desaceleración. El Banco de México prevé una baja del producto interno bruto (PIB) de entre 2 y 3 por ciento. La institución redujo su estimación sobre la generación de nuevos puestos de trabajo en 100 mil empleos. Grandes empresas despidieron durante el primer semestre de este año a más de 68 mil personas. La deuda pública se encuentra en su mayor nivel en el curso de este siglo. En los primeros seis meses de este año aumentó 950 millones de pesos diarios. Además, entre mayo y junio salieron de las arcas nacionales 178 mil millones de pesos, la más importante fuga de capitales en dos décadas.
Es cierto que el jefe del Ejecutivo cuenta en el Congreso con los votos necesarios para sacar adelante su reforma; sin embargo, tiene en contra a la opinión pública. Desde febrero pasado al menos tres encuestas muestran que más de la mitad de los mexicanos rechazan al capital privado en el sector energético. Los sondeos de opinión de Buendía y Laredo, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, y de Parametría no dejan lugar a dudas en ello.
Hasta ahora, la oposición a reformar la Constitución en materia energética es, básicamente, una corriente de opinión. Pero conforme avance su discusión en las cámaras es muy probable que se transforme en una movilización política y social.
Quienes impulsan la reforma privatizadora apuestan a que su mayoría parlamentaria, los recursos que movilicen los poderes fácticos y el Pacto por México son factores suficientes para lograr su aprobación. Calculan que Andrés Manuel López Obrador está políticamente disminuido. Suponen que alno contar con los recursos de un partido político su capacidad de convocatoria y movilización es muy limitada.
Sin embargo, una cosa es que arriba se haya amarrado a la clase política y a los intereses en favor de la privatización y otra que abajo la situación esté bajo control. Basta con asomarse a lo sucedido en Guerrero a lo largo de este último año para comprender que las reivindicaciones, dinámicas y tiempos políticos del México de abajo no coinciden con las del México de arriba...