La Jornada, 03 de septiembre de 2013
“Si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza, advirtió el 10 de septiembre de 2012 Claudio X. González, secretario de Educación sin cartera, al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Su recomendación sintetiza el objetivo central de la ley del servicio profesional (LSPD) recientemente aprobada: quitarle a los maestros sus plazas.
La nueva norma pretende cambiar el modelo de control del magisterio nacional, de uno basado en dirigentes sindicales corruptos estilo Esther Esther Gordillo a otro sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral y el fin de la bilateralidad. Donde antes había corporativismo gremial, ahora habrá una combinación de fuerzas del mercado, desregulación laboral y autoritarismo de funcionarios educativos.
Esta modificación no busca prescindir de los liderazgos sindicales corruptos. Menos aún, permitir la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pretende que los líderes gremiales tengan menos poder, sean más serviles a la autoridad y que los maestros le teman a ésta.
El nuevo modelo de control tiene como objetivo facilitar y permitir la discrecionalidad en la contratación y el despido de los maestros; reducir al mínimo la estabilidad laboral y sus conquistas gremiales; limitar su autonomía en el proceso de enseñanza; imponerle responsabilidades desmedidas; desalentar su organización y resistencia; acabar con el normalismo, y abrirle paso a las escuelas chárter o de concertación (instituciones escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público).
La nueva legislación hace retroceder más de 50 años la rueda de los derechos laborales en el país. A partir de ahora, según el transitorio segundo de la LSPD, los maestros deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Sin el menor respeto al artículo14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre de un plumazo con los derechos adquiridos en más de cinco décadas de luchas.
A esta operación de despojo de sus derechos se le ha disfrazado de acción en su defensa. Las relaciones de trabajo del magisterio –se dice en el texto– se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Y qué dispone la ley?: derogar los derechos adquiridos que se le oponen...