La Jornada, 10 de diciembre de 2013
La tarde del sábado 16 de noviembre, los campesinos Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez llegaron en una camioneta Estaquitas Nissan blanca a una reunión en Atoyac, estado de Guerrero. Un hombre los esperaba. Nada más reconocerlos les disparó, con una pistola calibre 9 milímetros, cuatro certeros balazos a cada uno. Los dos murieron. El pistolero se dio a la fuga.
Juan y José Luis eran representantes de la comunidad de El Paraíso, en la que viven unas 6 mil personas. Enclavada en el corazón de la región caficultora de la Costa Grande, muchos de sus habitantes se dedican al cultivo del aromático. Cerca de allí se siembra amapola. La producción de mariguana se abandonó, porque ya no es negocio. La Familia y Nueva Generación disputan el territorio.
Los líderes de El Paraíso fueron asesinados un día antes de anunciar la formación de una policía comunitaria. Querían enfrentar con sus propias manos, como han hecho tantas otras comunidades, al crimen organizado. Apenas hacía poco más de un mes, la hija de 27 años de Sotelo Martínez fue secuestrada por un grupo lumpen, al que llaman Los Rojos, presuntamente asociado con el cártel de los Beltrán Leyva. Cerca de 300 vecinos tomaron las armas y la rescataron. Concluyeron que no tenían de otra más que defenderse a sí mismos.
Las lluvias causadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid dañaron los cafetales y causaron graves destrozos en El Paraíso. Juan y José Luis eran los dirigentes del poblado. Además de promover la autoprotección, luchaban por conseguir apoyos para compensar las pérdidas de los cafetos, y en contra de la pretensión del gobierno estatal de reubicar el poblado en otros terrenos, distantes de su asentamiento actual.
Juan y José Luis no son los únicos líderes sociales asesinados durante el gobierno del perredista Ángel Aguirre Rivero. Hasta el momento van 17 representantes populares liquidados. En este registro se encuentran, entre otros, Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ultimada el pasado 19 de octubre, después de anunciar la formación de una policía comunitaria en Atoyac. También Ana Lilia Gatica y su compañero Luis Olivares, dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), ejecutados extrajudicialmente el 10 de noviembre. En la inmensa mayoría de los casos no se ha procesado a los responsables de los crímenes...