La Jornada, 22 de julio de 2014
Suenan ya los primeros acordes del réquiem para una industria difunta. El gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados asesinaron a la industria eléctrica nacionalizada. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) será pulverizada. Los grandes tiburones empresariales se disputarán el mercado.
Al igual que en otras ocasiones, el pretexto para esta nueva ofensiva privatizadora fue presupuestal. La CFE –dicen sus exterminadores– está quebrada y no hay forma de que levante cabeza. Sin reforma –aseguran– los apagones serán inevitables. No hay novedad en los argumentos. En 1998, Luis Téllez, entonces flamante secretario de Energía, anunció la inminente catástrofe del sector si no se le abría la puerta de par en par a la inversión privada. Sus bravatas naufragaron. Y, por supuesto, el anunciado apocalipsis no llegó nunca. Pero no importa. Los nuevos liquidadores de la empresa pública repiten los mismos vaticinios de su gurú.
Desgraciadamente, la privatización aprobada tendrá graves consecuencias para el país. El sistema eléctrico es un bien público que garantiza el desarrollo nacional. La intervención estatal en la industria no fue resultado de la vocación estatalista de los gobernantes en turno, sino del conflicto entre las empresas privadas que controlaban la actividad y los intereses de otros sectores que necesitaban de sus servicios. Las ambiciones particulares de los empresarios de esta rama económica chocaban permanentemente con las necesidades del conjunto de la planta industrial y comercial, y de los usuarios privados.
La industria eléctrica en México nació de la mano del capital privado y el Estado tuvo que intervenir para remediar sus desfiguros. A mediados de los años treinta del siglo pasado el grueso de la industria eléctrica estaba en manos de dos empresas extranjeras: la Mexican Light and Power Company y la Impulsora de Empresas Eléctricas, subsidiaria del grupo estadunidense Electric Bond and Share Co. Su gestión era muy deficiente. Había diferencias entre las dos compañías en los voltajes de distribución y frecuencia de generación. El desarrollo del país requería unificar las prácticas de la industria eléctrica, de forma que pudieran interconectarse todas las redes. La solución del problema era técnicamente compleja, al punto de que sólo pudo resolverse hasta1976, quince años después de su nacionalización. El suministro era inadecuado y las tarifas altas. El servicio era caro y malo. Las quejas de los consumidores, industriales, comerciales e individuales, eran frecuentes. Distintas ligas de defensa de usuarios reclamaban la actitud de las empresas y presionaban al Estado para que reglamentara las actividades de los consorcios...