El Cotidiano 61, marzo-abril, 1994, pp 3-11
Muchas de las reformas requeridas para resolver de fondo el conflicto chiapaneco son también acciones necesarias para la modernización nacional. Lo peor que podría suceder es que se hiciera una lectura de la guerra chiapaneca como si las causas que las originaron no estuvieran presentes también en el resto del país. Es el momento de poner a tono el sistema político nacional con la madurez de la sociedad. De no hacerlo, estaremos en riesgo de padecer nuevas explosiones.
De guerras campesinas
Si por su programa y por los efectos que ha generado su levantamiento militar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se ha constituido en una fuerza política nacional, su espacio de acción y su instrumento principal de lucha es el de ser una guerra campesina circunscrita a algunas regiones del estado de Chiapas. Aunque es muy probable que como ellos mismos lo han declarado, estén implantados en otras partes de la República y sean capaces de llevar la guerra a ellas, es el territorio chiapaneco el terreno principal de su acción.
Esta guerra campesina se alimenta tanto de casi 20 años de movilizaciones rurales prácticamente interrumpidas en el estado, como de una tradición de revueltas indígenas más o menos cíclicas. Expresan la enorme dificultad de la sociedad chiapaneca para resolver un conjunto de contradicciones complejo: entre Chiapas y gobierno federal, entre las distintas etnias y los grupos de poder locales y el Estado Nacional y, entre los pequeños productores rurales y los grandes finqueros. Estas movilizaciones rurales han asumido, dependiendo de la región y el tiempo en el que han transcurrido, la forma de reivindicaciones étnicas o de expresiones campesinas. Han buscado recuperar la tierra, apropiarse del proceso productivo, enfrentar la represión, democratizar los poderes locales o encauzar los mecanismos de procuración de la justicia. Se han expresado como comunidades, como organizaciones sociales, como partidos políticos, como movimientos ciudadanos o como levantamientos armados. Sus direcciones han sido autónomas, aunque también, han sido utilizadas con frecuencia para dirimir disputas por el poder de la "familia chiapaneca" -esto es, dentro de la clase política de aquel estado.
El corazón del asunto
En el corazón del conflicto rural chiapaneco se encuentra una solución "diferida" y parcial de la cuestión agraria en la entidad. Mientras que existen estados de la República en los que en los hechos el latifundio está prácticamente erradicado, casi el 30% del rezago agrario nacional sigue concentrándose en Chiapas.
Dos hechos muestran con claridad la gravedad de este problema. Según el censo de Inmecafé de 1992, Chiapas es el principal productor de café en el país: 73 mil 742 productores siembran 228 mil 264 has, del aromático. Poco más de 100 personas (que representan el 0.16% del total de productores) concentran, sin embargo, el 12% de las tierras. En varios casos, con el objetivo de eludir los ordenamientos constitucionales sobre las extensiones máximas de la pequeña propiedad, los predios se encuentran a nombre de terceros. Evidentemente, estas propiedades concentran las mejores tierras, el crédito (y ahora las deudas) y la infraestructura.