La Jornada, 26 de enero de 2016
Hace casi veinte años, el 16de febrero de 1996, en San Andrés Sakam’chén de los pobres, se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Sin fotografía de por medio, los zapatistas y el gobierno federal estamparon su rúbrica en los primeros compromisos sustantivos sobre las causas que originaron el levantamiento armado de los indígenas chiapanecos.
Aunque el gobierno federal y los legisladores de la Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa) deseaban efectuar una ceremonia con bombo y platillo, los comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se negaron a echar las campanas al vuelo. En un discurso improvisado, el comandante David explicó las razones de su negativa: Queremos que sea un acto sencillo. Nosotros somos sencillos, vivimos con sencillez y así queremos seguir viviendo.
Tampoco aceptaron tomarse la foto. “Llegamos –dijo el mismo comandante David– a un acuerdo pequeño. No nos dejemos engañar que sí se ha firmado la paz. Si no aceptamos firmar abierta y públicamente es porque tenemos razón.”
Y, después de denunciar las agresiones gubernamentales de las que habían sido objeto, y recordar que siempre nos han pagado con traición nuestra lucha, advirtió: Hemos firmado por eso en privado. Es una señal que mostramos al gobierno que nos ha lastimado. Y esa herida que nos ha hecho nos ha lastimado.
Los acuerdos de San Andrés se signaron en un momento de enorme agitación política en el país. Catalizado por el levantamiento del EZLN, emergió un beligerante movimiento indígena nacional. La devaluación del peso en diciembre de 1994 precipitó una enorme ola de inconformidad y el surgimiento de vigorosos movimientos de deudores con la banca. Los conflictos poselectorales en Tabasco y Chiapas se convirtieron en reclamo nacional en favor de la democracia. El conflicto entre Carlos Salinas, presidente saliente, y Ernesto Zedillo, el entrante, adquirió proporciones mayúsculas.
La desconfianza rebelde de ese 16 de febrero resultó premonitoria. Una vez que la ola de descontento social fue neutralizada, el gobierno federal se desdijo de su palabra. El Estado mexicano en su conjunto (es decir, los tres poderes) traicionó a los zapatistas y los pueblos indígenas negándose a cumplir lo pactado. El pago de la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos originarios fue escamoteado. En lugar de abrirse las puertas para establecer un nuevo pacto social incluyente y respetuoso del derecho a la diferencia, el Estado decidió mantener el viejo statu quo. En vez de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos sociales e históricos y su derecho a la autonomía se optó por hacer perdurar la política de olvido y abandono...