La Jornada, 21 de agosto de 2001
¿Cuántos rounds más quieren Fox y usted, señor secretario? -preguntó Margarito Montes a Javier Usabiaga el pasado 9 de agosto en la reunión que el responsable de la política agrícola tuvo con el Congreso Agrario Permanente (CAP). Desde la oficina de la Reforma Agraria, el gobierno federal respondió este viernes tirando la toalla. Los dirigentes campesinos tradicionales pueden ahora dormir tranquilos. La nueva administración no quiere, por lo pronto, subirse al ring. Ganaron lo que para ellos era central en esta etapa: su reconocimiento como interlocutores únicos de las demandas de los campesinos y 100 millones de pesos para sus organizaciones.
En la negociación con María Teresa Herrera, secretaria de la Reforma Agraria, los líderes rurales no lograron un compromiso gubernamental para modificar la actual política agrícola. Tampoco arrancaron la promesa de levantar el veto a la Ley de Desarrollo Agropecuario, mucho menos una oferta de revisión del Tratado de Libre Comercio. Pero, a cambio, obtuvieron el financiamiento de 107 proyectos productivos, muchos de ellos destinados a tareas de "capacitación y organización", nombre tras el que se oculta el apoyo económico al funcionamiento de las organizaciones campesinas. La mitad de lo que recibieron el año pasado.
De esta manera, la nueva administración gubernamental en el agro dio marcha atrás a su decisión de limitar la interlocución del papel de las organizaciones corporativas del campo. Siguió así el camino trazado por su compañero de gabinete, el secretario de Trabajo, Carlos Abascal, en su relación con el mundo gremial: mantener buenas relaciones con la burocracia de las centrales obreras y sindicatos nacionales "oficiales", en contra del reconocimiento de representaciones sociales democráticas y auténticas.
En el CAP participan doce organizaciones. Algunas de ellas son sólo nacionales en su nombre, porque su presencia real se limita a unas cuantas regiones. No cuentan con un padrón de afiliados; muy pocas estarían en posibilidades de enfrentar exitosamente el levantamiento de un censo o el recuento de sus socios. Su presencia se concentra en la ciudad de México y depende, básicamente, del reconocimiento que les da el gobierno en sus trámites y gestiones. Casi en ningún estado las centrales que lo integran se coordinan entre sí. Muchos de los membretes que lo integran provienen de un tronco organizativo común, y si tienen siglas diferentes es porque sus líderes, más que diferencias políticas, quieren tener, cada uno, su "propio rancho".
La UNTA, la Coduc y la CCC surgieron del antiguo Partido Socialista de los Trabajadores. La CCI fue una escisión de la CNC; la CIOAC, el CAM y la Cosucc fueron, a su vez, producto de rupturas -una de ellas conyugal-de la CCI. Otorgar al CAP el reconocimiento como "interlocutor único de las demandas campesinas" es una aberración que ni los gobiernos del PRI cometieron.
Existen centenares de agrupamientos rurales en las regiones y ramas productivas que no forman parte del CAP. Muchas de ellas tienen mayor representatividad y capacidad de convocatoria que varias de las centrales que integran el organismo cúpula. Entre otras se encuentran: CNPA, UNORCA, CNOC, AMUCSS, ANEC, RedMocaf, CIOAC-independiente, el FDC de Chihuahua. Agrupan a pequeños productores de granos básicos, de café, forestales, uniones de crédito, empresas comercializadoras sociales, y han protagonizado algunas de las jornadas de lucha más importantes de la sociedad rural en los últimos años. Muy diferentes entre sí, pero también actores claves del mundo campesino fuera del organismo cúpula, son el Congreso Nacional Indígena y Antorcha Campesina...