Luz Elena Govea es diputada local en Guanajuato. Pertenece al PRI. El 14 de abril pasado fue destituida del cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de ese estado por discriminar a indígenas.
Una bella maestra de suéter color lila pasa lista a sus alumnos en el salón de clases. Sonríe. Está sentada en una silla que se encuentra detrás de un robusto escritorio de madera. A sus espaldas hay un pizarrón en el que se han dibujado con gis operaciones matemáticas, una pequeña biblioteca y gran cantidad de materiales de apoyo escolar, incluido un globo terráqueo.
Doña Delfina de la Cruz Santiago es madre de Adán Abraham de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecido hace dos años. A finales de marzo de este año, recibió una llamada telefónica de un enviado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. El funcionario le ofreció dinero para que abandonara la lucha por la presentación con vida de su hijo. Ella le dijo que no.
Este lunes 19 de septiembre, los maestros de Chiapas regresaron a clases y levantaron el campamento instalado en Tuxtla Gutiérrez. Sin dar tregua, estuvieron en paro y en plantón 124 días.
No se fueron con las manos vacías. Arrancaron a las autoridades federales un pacto político verbal, sin minuta, en el que se establece que la reforma educativa (evaluaciones de promoción y permanencia) no se aplicará en la entidad en lo que resta del sexenio de Enrique Peña Nieto y el del gobernador Manuel Velasco Coello.
El gobierno federal abortó la posibilidad de que los maestros de Chiapas regresaran a clases. A los pocos días de hacer una oferta para congelar la aplicación de la reforma educativa en la entidad, reculó. Tanto el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, como el de Educación Pública, Aurelio Nuño, negaron en público lo que la administración de Enrique Peña Nieto ofreció en privado desde días antes.
Durante 114 días, la resistencia magisterial contra la reforma educativa ha estado en el centro de la agenda política nacional. Desde el pasado 15 de mayo, la huelga docente y la lucha de los padres de familia en defensa de la enseñanza pública ha sacudido regiones enteras del país, alterado la marcha de la economía y crispado el mundo de la política institucional.
El ingeniero Carlos Cruz Limón es vicepresidente de relaciones y desarrollo del Tecnológico de Monterrey. Hace apenas seis meses, el 18 de febrero de 2016, participó en la firma de un lucrativo convenio de colaboración entre su institución educativa y la Secretaría de Educación Pública.
En la ceremonia, entusiasmado con el acuerdo, explicó sus alcances: “En el fondo –dijo– se trata de que instituciones privadas como el Tec tengan un rol cada vez más importante en la educación en México”.
Cuando el helicóptero sobrevuela Casa Xitla, en el sur de la Ciudad de México, los niños de Nochixtlán que temporalmente se hospedan allí corren despavoridos a esconderse. El sonido del pájaro de hierro sobre sus cabezas revive el miedo y la desesperación que vivieron en su pueblo el 19 de junio, cuando la policía masacró a sus familiares y paisanos.
Desde hace 23 años, la CNTE ha analizado y discutido cómo elaborar un proyecto de educación alternativo. No se ha conformado con ello. En varias entidades del país lo ha llevado a la práctica.
Lo ha hecho como parte de su propuesta estratégica de luchar por democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), democratizar la enseñanza y democratizar el país.
Alejandro Ramírez Magaña es un empresario exitoso. Ocupó la posición 49 en el ranking de Los 100 empresarios más importantes de México 2014, de la revista Expansión. Dirige Organización Ramírez, propietaria de la empresa Cinépolis, la cadena de salas cinematográficas más grande de México. En 2015 comenzó a presidir el Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Y, desde hace al menos 10 años, detesta y combate a los maestros críticos y a la CNTE.