
INTRODUCCIÓN
Las más recientes reformas al artículo 27 constitucional colocaron de nuevo a la cuestión rural en el centro del debate. Un mes de discusiones produjo más discursos y argumentos sobre el tema que lo que pudo acumularse en el curso de la última década. Algunos vieron en la pluma del Ejecutivo sólo la correspondencia formal a una tendencia económica sin retorno que se anunció consistentemente desde finales de los años sesenta. Otros calibraron la definición gubernamental sobre el cambio legislativo no como algo ineluctable: había otros caminos; otras maneras de ingresar a la nueva fase de la modernidad capitalista; otras vías de desarrollo, incluso más racionales que las impuestas.
Un argumento decisivo se esgrimió entre algunos de los que asumieron la posibilidad de esta segunda perspectiva: el sector social del campo mexicano ya ha demostrado tener fuerzas y capacidades suficientes para echar a andar la máquina reproductora. El campesinado mexicano -ejidal, pequeño propietario, comunal- tiene recursos y habilidades, cultura y conciencia crítica, creatividad y claves para un desarrollo alternativo que evite los males propios del rentismo, de la producción extensiva y depredadora, de la explotación desmedida y sin fronteras.
Algunos de estos críticos de la reforma constitucional no construyeron sus argumentos a partir de una visión idílica del campo y de sus relaciones sociales básicas, ni tejieron sus ideas con hilos utópicos o milenaristas. Aquí y ahora - dijeron-, en el campo mexicano, existen amplios y diversos núcleos populares que han mostrado con sus prácticas sociales y productivas que existe la vía alternativa: sólo basta que se les apoye, que se atajen las tendencias más salvajes de la competencia capitalista, que se acepte en definitiva la democratización de los medios rurales.
La demanda masiva y generalizada de tierras marcó el itinerario de las luchas campesinas fundamentales de los setenta; pero también en esos años aparecieron movimientos de significativa importancia que ubicaron como su objetivo prioritario la aprobación del proceso productivo. Este último se convirtió en el eje dominante de las movilizaciones rurales en los años ochenta, con productos organizativos que llegaron a tener una enorme influencia en los medios rurales y en la definición de las políticas públicas hacia el sector agropecuario. Y ha sido sin duda este mismo eje el que ha predominado y tiende a predominar en los escenarios rurales de la década de los noventa, aunque no sin una serie de...