El Cotidiano 34, 1990, marzo-abril, pp 13-21
En sentido estricto, los convenios de concertación social le han servido a Salinas para legitimarse. Los primeros meses de la nueva administración se han caracterizado porque ésta ha venido ganando terreno en el medio rural con rapidez. En ello, además del CAP y los convenios, jugó un papel muy importante el indulto con el que se puso en libertad a centenares de luchadores agrarios. Ciertamente, su imagen en el medio rural ha sufrido descalabros. De entrada, el asesinato de varios dirigentes campesinos regionales en diversos estados del país. Asimismo, el impresionante fraude electoral en contra del PRD en Michoacán y Guerrero, que puso en pie de lucha a miles de campesinos. Sin embargo, la presión campesina parece haber encontrado cauces institucionales para negociar sus demandas y la nueva administración ha logrado sentar en la mesa de negociaciones a un ramillete de organizaciones que en el pasado privilegiaban la confrontación con el Estado.
Las trincheras Una profunda convulsión sacude el campo mexicano. Distintos actores sociales y políticos han tensado fuerzas y combaten en todos y cada uno de los escenarios agropecuarios por sacar adelante sus demandas y proyectos. Campesinos, grandes agricultores comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones de productores y partidos políticos disputan, de muy distintas maneras, el campo de batalla. Municipios, políticas públicas, organizaciones sociales, instituciones de fomento agropecuario, son espacios privilegiados de la lucha.
Esta convulsión tiene un telón de fondo preciso: el sector agropecuario tuvo un déficit en la balanza comercial de 500 millones de dólares, como resultado de la importación de maíz, frijol, sorgo y leche. Más allá de la frialdad de las cifras, esto significa que el país está cada vez más lejos de la autosuficiencia alimentaria. Décadas de una permanente sangría de recursos transferidos del campo a la ciudad, de golpeo sistemático a la economía campesina se convirtieron así en una profunda crisis agrícola. Lo que esta convulsión anuncia es una nueva relación entre el mundo rural y urbano, y, más particularmente, entre los campesinos y el Estado. Las políticas públicas para el sector agropecuario, los nuevos interlocutores agrarios, y la forma en la que estos se organizarán son el terreno privilegiado donde este combate se desarrolla. En lo concreto ello se ha materializado en la definición de una política de modernización rural, la firma de convenios de concertación con organizaciones productores y la constitución del Comité Agrario Permanente (CAP).
Evidentemente, esta convulsión se expresa también en otros espacios, muy especialmente en la lucha municipal en estados como Michoacán, Guerrero o Tabasco. Allí ha tomado la forma de una aguda confrontación entre PRI y PRD; ella se encuentra estrechamente ligada a la crisis del régimen de partido de Estado y a la articulación político-electoral de importantes sectores del campesinado temporalero a partir del cardenisno. Sin embargo, el análisis de este proceso excede los límites de este trabajo.