El pleito interno que sacude al Partido del Trabajo (PT) trasciende, con mucho, al partido mismo. Su crisis puede modificar el rumbo que siga el conjunto de la izquierda electoral mexicana.
El conflicto larvado que durante varios años atravesó al Partido del Trabajo (PT) se hizo público la semana pasada. Una de las corrientes en pugna, la Unión Democrática Nacional (UDN), presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una demanda para que se declare nulo el séptimo congreso nacional de ese instituto político. Argumenta que no se reunió el número de delegados necesarios para su realización.
No hay razón para balances optimistas. Para todos aquellos que esperaban una votación ciudadana masiva, el resultado de la primera fase de la consulta sobre reforma energética dista de ser bueno. La participación fue modesta. En la ciudad de México, epicentro organizativo del ejercicio, apenas alcanzó 870 mil sufragios, contra los 2 millones 213 mil 969 que el Frente Amplio Progresista tuvo en 2006.
Hay malas noticias para el campo mexicano. El Congreso de Estados Unidos recientemente aprobó la Ley de Agricultura, Nutrición y Bioenergía de 2008, conocida como Farm Bill. El 15 de mayo pasado los legisladores de ese país autorizaron un presupuesto de casi 300 mil millones de dólares para programas agrícolas y de ayuda alimentaria hasta el año 2012. Destinarán, en promedio, alrededor de 60 mil millones de dólares anuales a estas actividades.
¡Clic!, ¡clic!, ¡clic! suenan los obturadores de las cámaras fotográficas. Elba Esther sonríe. No cabe de gozo. Bromea con Felipe Calderón. Está en Los Pinos. Muestra al mundo que lo suyo va más allá de una alianza coyuntural, que es amiga del Presidente. Incluso, en un lapsus, está a punto de quitarle la silla al mandatario.
Convertida en gobierno, la izquierda partidaria se ahoga en el pantano de la seguridad pública. Decidida a no dejar en manos de la derecha tan espinoso asunto, no encuentra la forma de elaborar una política propia. En los hechos ha terminado tomando medidas que casi no se diferencian de las aplicadas por la derecha.
Se la robaron. La efigie de Salvador Allende desapareció de su sitio, ciudad Sahagún, Hidalgo, en noviembre del año pasado. Del monumento que en su honor levantaron los obreros del Combinado Industrial Sahagún, el 26 de octubre de 1973, sólo queda una placa conmemorativa con la inscripción: “Inmolado por la causa de la justicia social”.
Gritaron y patalearon. Dijeron que lo desconocían y que no tratarían con él los asuntos del campo. Marcharon por las calles de la ciudad de México pidiendo que se fuera. A comienzos de 2008, los dirigentes de un buen número de organizaciones campesinas nacionales exigieron la renuncia de Alberto Cárdenas, secretario de Agricultura (Sagarpa). Lo mismo hicieron los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Desde la insurrección de enero de 1994 los distintos gobiernos federales han querido asociar al EZLN con el narcotráfico. Nunca han podido demostrarlo, pero de cuando en cuando lo intentan.
La lista es larga y crece cada día. El último en ingresar a ella es Eduardo Medina-Mora Icaza, procurador general de la República. La nómina de funcionarios mexicanos que se niegan a aceptar las críticas de los organismos internacionales defensores de derechos humanos parece interminable.