La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) es una de las más importantes experiencias organizativas del movimiento social en México. Se trata de una asamblea de asambleas nacida el 17 de junio de 2006 en el marco de la sublevación popular contra Ulises Ruiz. Participaron en su formación 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos con una demanda única: la salida del gobernador.
Los bombazos del 6 de noviembre reabrieron el debate sobre la existencia de organizaciones armadas en México. La pregunta central que anima esta discusión es: ¿existen realmente esos grupos o son un instrumento del gobierno para descalificar movilizaciones sociales legítimas y justificar una política de mano dura?
Durante meses, el conflicto en Oaxaca fue rehén de la situación política nacional. Pero ahora, en un vuelco de 180 grados, la coyuntura inmediata del país está atravesada por la sublevación oaxaqueña. El problema de "una sola calle", como lo bautizó Ulises Ruiz, define ya muchas de las grandes decisiones políticas nacionales.
De hinojos, con la bandera nacional en alto, con su sangre como ofrenda, un ciudadano se coloca frente a los vehículos de la Policía Federal Preventiva (PFP) para tratar de evitar su paso. No es el único. No lejos de allí, decenas de oaxaqueños se tiran al piso para formar una alfombra humana que evite el avance de las tanquetas que lanzan chorros de agua a presión.
Al caer la noche, la ciudad de Oaxaca cambia. Con los últimos rayos de luz comienzan a aparecer en barrios y avenidas cientos de barricadas. Los vecinos organizados toman las calles, encienden fogatas, colocan piedras y asumen el control de la circulación de vehículos y personas. A partir de ese momento, moverse por la ciudad resulta muy difícil.
Ocho muertos, ocho. Casi todos de un solo lado. En Oaxaca sólo unos ponen los muertos. La sangre corre por cuenta de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). También los heridos de bala, los secuestrados, los torturados, los encarcelados sin orden de aprehensión.
La dinámica del conflicto oaxaqueño tal como se ha expresado hasta ahora se acerca a su fin. Los principales actores no cuentan ya con margen de maniobra hacia dónde moverse. Es la hora de las definiciones.
El helicóptero militar sobrevuela la ciudad de Oaxaca. Busca intimidar a la multitud que lo observa desde las barricadas. Alguien toma un cohetón y prende fuego a la mecha. El artefacto pirotécnico estalla en el aire. La aeronave sigue su trayecto impasible. Desde las calles, blandiendo palos y tubos, se grita a los pilotos: "¡Bienvenidos, cabrones!" y "¡Bajen, aquí los esperamos!"
La profecía falló .El 24 de noviembre de 1999, Luis Téllez, entonces secretario de Energía, advirtió que la industria eléctrica mexicana requería una inversión de 25 mil millones de dólares para garantizar el suministro eléctrico. De no obtenerlos, a partir de 2002 la demanda excedería la oferta disponible y su suministro estaría en entredicho. Para evitar la catástrofe, añadió, era necesario abrir el sector al capital privado. La privatización eléctrica fue frenada. El colapso energético no llegó en 2002. Tampoco en 2006.
Casi dos meses y medio después de formado, el movimiento contra el fraude electoral mantiene una vitalidad y una capacidad de convocatoria notables. Los fuertes golpes que ha sufrido, lejos de mermarlo parecen robusteserlo. Y, pese a que perdió la batalla legal, ha ganado dos grandes escaramuzas simbólicas en la disputa por el calendario patrio, nada despreciables en el pleito por la legitimidad: 1º y 15 de septiembre.