Durante más de 50 años, Carlos Monsiváis fue un actor central de la izquierda mexicana. Sus crónicas, ensayos, reflexiones críticas y proyectos fueron muy relevantes en la construcción de un campo político-cultural afín a ella. Su participación en esta corriente comienza con su juventud.
Con apenas unos cuantos días de diferencia, de Sonora a Oaxaca, del movimiento sindical a la lucha indígena, quedó claro que los espacios de reivindicación político-social en el país se cierran cada vez más. En Cananea, policías y esquiroles rompieron con lujo de violencia la huelga de los mineros. En la zona triqui, paramilitares priístas y gobierno oaxaqueño impidieron la llegada de la segunda caravana humanitaria a San Juan Copala.
El pasado 2 de junio, las estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, se presentaron a las instalaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para negociar un pliego petitorio. Como las autoridades se negaron a dar respuesta a sus demandas, ocuparon las oficinas educativas. Horas después, elementos de Seguridad Pública estatal los desalojaron con lujo de violencia y detuvieron a 23 jóvenes.
México se ha convertido en un país de nota roja. No es asunto de percepción. Es una cuestión de hechos. La violencia se ha extendido hasta niveles inusitados y atraviesa todos los sectores sociales. Hampa, política y mundo empresarial se han entremezclado de manera espectacular.
Fue un hecho inusual. El pasado5 de mayo, durante la apertura de la sesión de la Eurocámara dedicada al debate sobre la eurozona, Jerzy Buzek, su presidente, lamentó el asesinato en México de dos activistas de derechos humanos: Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola. Queremos transmitir nuestro más profundo pésame a las familias de los fallecidos, declaró Buzek, y añadió: es triste que siga habiendo estos ataques.
Defender los bosques en México es una actividad arriesgada. En ello le va la vida a quien lo hace. Que lo digan si no los familiares de Rubén Flores Hernández, asesinado por los talamontes de la comunidad de Coajomulco, en el estado de Morelos, con unos cuantos meses de distancia.
Uno tras otro, los últimos presidentes de la República se han tomado la foto con los caciques del municipio de San Juan Chamula. A la menor provocación, acompañados por los gobernadores en turno, los mandatarios se han puesto el chuj de lana, el sombrero tradicional con listones de colores, el pañuelo y el morral al hombro, mientras reciben el bastón de mando y se retratan con los mandamás del ayuntamiento.
Diminutas, consternadas, fuertes, ataviadas con sus huipiles rojinegros, las mujeres triquis que cargaron por tramos el ataúd café de Beatriz Cariño Trujillo hasta su última morada en el camposanto de su natal Chila de las Flores, Puebla, escucharon las palabras que a los dolientes les dedicó su hermana Carmen, entre consignas, rezos y llantos.
Tierra, agua y semillas son, junto con los saberes campesinos y la mano de obra, los factores claves en el cultivo de alimentos y los pilares de la producción campesina. Y son, desde hace décadas, el terreno de una fuerte disputa entre los grandes agronegocios y las familias rurales. Mientras los consorcios multinacionales buscan su privatización y acaparamiento, las familias campesinas procuran mantenerlos como bienes comunes.
Cuando Felipe Calderón comenzó su discurso para dar el banderazo de salida a la prueba Enlace, preguntó a los niños de la escuela primaria Canadá si estaban listos para la prueba. “Nooo…”, respondieron los jóvenes. Lo mismo han dicho miles de maestros en todo el país.
Se ha presentado la prueba Enlace antela opinión pública como un instrumento moderno para evaluar el sistema educativo nacional. No lo es. Por el contrario, se trata de una herramienta contraproducente para promover una educación de calidad.