A unos días de que rinda su primer informe presidencial, Enrique Peña Nieto vive la más grave crisis política de su sexenio. Las protestas de decenas de miles de indignados maestros democráticos en la ciudad de México y en 20 estados han chocado con la incapacidad del conjunto de la clase política para ofrecer una salida constructiva.
El 14 de agosto, en su cuenta de Twitter, el empresario Claudio X. González escribió, jubiloso y categórico: Ya era hora que Ejecutivo enviara iniciativa de leyes secundarias educativas. Ahora toca al Legislativo ir a fondo para transformar el sistema. Ese mismo día, remató su regocijo con un nuevo mensaje: El arte supremo de la guerra es vencer al enemigo sin necesidad de pelear: Sun Tzu.
El presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma energética en un momento muy delicado. Confluyen en la arena política un amplio rechazo ciudadano contra la privatización petrolera y un rizoma social opositor de gran calado en torno a cuestiones educativas, la devastación ambiental y la inseguridad pública.
Raúl Álvarez Garín es uno de los personajes más emblemáticos del movimiento estudiantil-popular de 1968. Durante el conflicto tuvo una enorme influencia en la conducción del Consejo Nacional de Huelga. Preso en Lecumberri durante dos años y siete meses, desempeñó un papel central en atenuar los efectos degradantes de la vida en la cárcel y fomentar a su interior un ambiente de estudio organizado. Años más tarde, su reflexión sobre los acontecimientos fue central para esclarecer lo sucedido.
El próximo año no habrá prueba Enlace, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet. El examen, aplicado entre 2006 y 2013 para, supuestamente, evaluar el rendimiento de 16 millones de estudiantes mexicanos, resultó un fracaso. Le costó al país más de mil 514 millones de pesos.
Un intenso debate sacude el mundo de la cultura en México. La remoción de Sergio Raúl Arroyo como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el nombramiento de María Teresa Franco al frente del organismo ha provocado polémicas y denuncias. Lo que está en juego no es un asunto de filias y fobias hacia funcionarios públicos, sino de la defensa del patrimonio histórico.
Comandante Espartaco, ¿me puedo tomar una foto con usted que reprimió a mis compañeros maestros de Guerrero? –le preguntó un profesor chiapaneco democrático al policía José Luis Solís López, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 5 de julio.
La maestra María Magdalena Herrera Carrillo da clases de segundo de secundaria a 12 alumnos. Su escuela es la telesecundaria Felipe Ángeles, que se encuentra en la comunidad de Las Catarinas, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Sus estudiantes tienen entre 13 y 15 años. Son hijos de jornaleros agrícolas, y ellos lo son también.
Se llama Miguel Hernández Alfonso. Es maestro. Labora en la región Valle de Santo Domingo D1-082 en Chiapas. En la fotografía de la portada de La Jornada del domingo 30 de junio, tiene las manos amarradas con su cinturón, la cabeza abierta, el rostro lleno de sangre. Policías lo golpearon con la culata de sus armas y lo patearon. Después lo treparon a una camioneta oficial junto a otros cuatro docentes, y lo tiraron en la colonia La Ilusión, en Tuxtla Gutiérrez.
Los empresarios están nerviosos. Su asalto a la educación pública se topó con grandes inconvenientes. No lo esperaban. Centenares de miles de maestros la resisten. Sus argumentos para justificar su ofensiva pierden peso en la opinión pública. La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) –que ellos publicitan como la panacea que sana todos los males educativos– hace agua.